El gobierno de Panamá, del presidente Juan Carlos Varela, aseguró hoy que no es cierto que esté en una "lista negra" del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre principales lugares de lavado de dinero, en referencia a información en ese sentido publicada en medios panameños.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) divulgó, en un comunicado, que de lo que se trata en este caso es de un reporte anual de carácter interno.
La ministra Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, aseguró que el documento no guarda relación con lista gris de países no cooperadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual tiene repercusiones internacionales.
Panamá fue excluido en febrero del año pasado de la "lista gris" del GAFI, luego de haber realizado para ello reformas en su legislación.
La ministra encargada reafirmó, de acuerdo con el comunicado, que Panamá ha realizado grandes esfuerzos para disminuir los riesgos de su plataforma financiera, aprobando leyes y normas que mejoren el marco para la cooperación internacional para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Entre las normas indicadas, el gobierno panameño destacó una ley de 2015 sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, la creación de la la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, y la aprobación de otra ley de 2015 que modifica el régimen de Custodia de Acciones al Portador.
El MEF agregó que este reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos contiene la valoración de más de 80 países, entre los cuales se incluye a Panamá, indicando las generalidades de los sistemas de prevención y represión relacionados al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos financieros, así como las vulnerabilidades, tipologías, las deficiencias y los temas que deben ser reforzados.
Señaló que el reporte hace referencia al acuerdo suscrito por los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos, a fin de destinar 36 millones de dólares a las instituciones involucradas en los temas de prevención y represión del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.