Equipo internacional acompañará reforma a sistema judicial en Bolivia

Actualizado a las 11/04/2017 - 09:55

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El gobierno boliviano informó hoy sobre la conformación de un equipo internacional de juristas, entre españoles y argentinos, que acompañará el trabajo de reforma al sistema judicial en Bolivia.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta, dio cuenta, en un comunicado, sobre la conformación de este equipo de abogados de reconocida trayectoria.

El equipo estará integrado por el reconocido ex juez español, Baltasar Garzón Real; el ex magistrado argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni; el también penalista argentino, Carlos Alberto Binder, y el constitucionalista español, Roberto Viciano Pastor.

Arce viajó el fin de semana pasado a Argentina para encabezar una serie de reuniones sobre la conformación de este equipo de juristas de "alto nivel", que acompañará la reforma de la justicia en Bolivia.

El funcionario se reunió la víspera en Buenos Aires con Binder, encuentro en el que también participó el embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito; el cónsul general boliviano, Ramiro Tapia; y el director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia, Franz Zubieta.

Explicó que en la reunión se intercambiaron criterios y experiencias sobre reformas judiciales en América Latina desde el ámbito penal, ya que Binder participó en la redacción del proyecto de Código del Sistema Penal que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Dijo que expresó a los expertos la necesidad de debatir los problemas comunes de diferentes países latinoamericanos en materia de transparencia, celeridad y acceso a la justicia.

Indicó que su misión en el gobierno es consolidar el proceso de la denominada "revolución de la justicia", con base en los resultados de la Cumbre Nacional de Justicia efectuada en Bolivia en junio de 2016.

En dicha Cumbre se acordó la incorporación de la cadena perpetua a violadores de niños con muerte, así como la suspensión de la matrícula a abogados que incurran en delitos.

Se consideró, además, la humanización de centros penitenciarios y la reestructuración del sistema carcelario, así como cambios en las facultades de la carrera de derecho para garantizar mejores profesionales.