BRASILIA, 11 abr (Xinhua) -- El juez relator de la operación "Lava Jato" (Lavadero) en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, pidió investigar a nueve ministros, tres gobernadores, 29 senadores y 42 diputados sospechosos de beneficiarse de desvíos de dinero público.
La petición formulada por el juez fue difundida hoy a través de internet por el diario "Estado de Sao Paulo", y reproducida por toda la prensa brasileña.
Las filtraciones a la prensa de los hechos más importantes de la operación "Lava Jato" se han vuelto comunes en Brasil, donde dos centenares de políticos están bajo sospecha de participar en prácticas irregulares de financiamiento y actos de corrupción.
La lista de Fachin deriva de los pedidos de investigación del procurador general de la República, Rodrigo Janot, a partir de cerca de 900 testimonios en régimen de delación premiada de 78 ejecutivos de la constructora Odebrecht.
De acuerdo con la lista de Janot, deben ser investigados nueve ministros, entre ellos los colaboradores más próximos del presidente brasileño, Michel Temer.
Para tal efecto son citados el ministro jefe de gabinete, Eliseu Padilha; Moreira Franco, de la Secretaría General da Presidencia; Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho, de Integración Nacional; Aloysio Nunes, de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, de Agricultura; Bruno Araújo, de Ciudades; Roberto Freire, de Cultura; y Marcos Pereira, de Industria y Comercio Exterior.
Los senadores Aecio Neves, presidente del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), y Romero Jucá, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), son los políticos con el mayor número de investigaciones abiertas, con cinco cada uno.
Debido a que la ley brasileña garantiza foro privilegiado a las autoridades con cargo electivo o en el alto nivel del gobierno, las investigaciones sólo pueden ocurrir bajo autorización directa de la Corte Suprema.
Las investigaciones pueden abrir una nueva fase en la sucesión de crisis políticas que atraviesa el país, y que tuvo su momento más dramático el año pasado, cuando la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el Senado acusada de irregularidades administrativas en el área fiscal.
Una primera lista de 47 legisladores y ex legisladores fue presentada por Janot hace dos años, también por sospecha de haberse beneficiado del esquema de corrupción y desvío de recursos en la petrolera estatal Petrobras.
Según la fuerza de tarea de los fiscales de la operación "Lava Jato", la constructora brasileña Odebrecht mantuvo dentro de su organigrama el Sector de Operaciones Estructuradas, un departamento oculto destinado sólo al pago de sobornos y otras prácticas ilegales, denominado.
De acuerdo con la investigaciones, los pagos fueron registrados mediante un sofisticado sistema informático en servidores localizados en Suiza, al cual busca tener acceso el Ministerio Público de Brasil.
De acuerdo con la declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht a la justicia, la empresa constructora pagó unos 3.400 millones de dólares en sobornos y otras operaciones irregulares, 60 por ciento de esos valores en Brasil y 40 por ciento en el exterior, de 2006 a 2014.