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Opositores en Bolivia acuerdan bloque político

Actualizado a las 13/04/2017 - 10:02
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LA PAZ, 12 abr (Xinhua) -- Líderes de las varias fracciones de oposición en Bolivia acordaron hoy un bloque político destinado a defender, según ellos, la democracia y la justicia, además de rechazar una nueva reelección del presidente Evo Morales.

El oficialismo, en respuesta, calificó ese pacto de una adelantada alianza política para las próximas elecciones generales de 2019.

Dos ex presidentes, un ex vicepresidente y los tres dirigentes de los partidos de oposición suscribieron la "Declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia", que presentaron a la prensa en La Paz.

El documento fue rubricado por los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), así como por el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997).

El texto también fue firmado por los líderes de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina (empresario); Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas (gobernador de Santa Cruz), y Soberanía y Libertad, Luis Revilla (alcalde de La Paz).

Los opositores determinaron trabajar de manera unida a partir de la suscripción de este documento para "denunciar" ante el país y la comunidad internacional las acciones del gobierno.

La declaración, leída en la conferencia de prensa, aborda cinco temas, uno de ellos es la "judicialización de la política".

Para los líderes opositores, el "gobierno ha roto los límites de la independencia y coordinación entre poderes, ha transformado al Organo Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas o ha creado normas arbitrarias a su medida".

En este acápite, los seis representantes de la oposición señalaron que al igual que "cientos de conciudadanos", varios de ellos están sometidos a procesos y juicios cuyo fin es descabezar a quienes expresan ideas y posiciones distintas al Ejecutivo.

El segundo tema se refiere al Tribunal Supremo Electoral, del cual destacaron su trabajo en el referendo de 2016, pero están preocupados porque los recién nombrados vocales de los tribunales departamentales tienen afinidad con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Sobre el referendo del 21 de febrero, la declaración exhorta a los gobernantes y funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo.

"Cualquier intento de forzar una nueva postulación del Primer Mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos", resaltó el documento.

El cuarto tema que aborda el pronunciamiento tiene que ver con las elecciones judiciales, las cuales esperan no sea un "fracaso" como en 2011.

Los opositores proponen la conformación de una comisión en la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo) en la que participe también la sociedad para la calificación de los mejores candidatos a los órganos de justicia.

Por último, anuncian trabajo conjunto para denunciar a nivel nacional e internacional las acciones gubernamentales que pongan en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia.

CRITICA OFICIALISTA

El oficialismo, a través del ministro de la Presidencia, René Martínez, criticó el acuerdo opositor sobre la situación de la democracia y la judicialización de la política.

Martínez consideró al escrito como una alianza política con afanes electorales ante el temor de una derrota en los comicios generales de 2019, ante una eventual repostulación del presidente Evo Morales.

"La derecha no pasará", aseveró.

Por su parte, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, calificó de inconsistente, inoportuno y con intencionalidad política la "Declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia".

"Hay, en este documento, una inconsistencia, hay una desinformación intencional, obviamente motivada por un interés político, que sin duda la población a la hora de leer y tener ese documento en mano por supuesto que no puede creer o por lo menos afirmar o asentir que en Bolivia no hay democracia", subrayó.

Siles consideró como una actitud "grosera" opinar sobre la democracia sin tomar en cuenta los avances logrados en los últimos 10 años, contra la gestión que cumplieron los firmantes en la que, a su juicio, la democracia sólo servía para elegir a un presidente.   

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