Maduro denuncia complicidad de fiscal general en ataque aéreo contra instituciones

Actualizado a las 01/07/2017 - 09:43

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy a la fiscal general Luisa Ortega Díaz de ser cómplice del ataque terrorista aéreo perpetrado el pasado martes contra dos importantes instituciones venezolanas.

La agresión consistió en el arrojo de cuatro granadas y 15 disparos desde un helicóptero presuntamente usurpado por un inspector de la Policía científica, contra los edificios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Caracas.

El jefe de Estado repudió las citaciones emitidas hoy por Ortega en contra del jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y del ex comandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides, por presunta violación a los derechos humanos.

"La Fiscalía se hace cómplice del ataque terrorista al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no lo condena, y pretende ahora perseguir a los altos oficiales bolivarianos, (...), que se han puesto al frente para defender la paz de la República", sostuvo.

El dignatario venezolano decidió ascender en grado militar del Ejército al jefe del SEBIN, quien además integra la lista de sancionados por Estados Unidos en el año 2015, por presuntamente reprimir las protestas opositoras registradas en el 2014.

Maduro aseguró que "hay un repudio nacional al 'golpe de Estado' y a la violencia criminal" que, aseguró, es apoyada por la máxima representante de la Fiscalía.

Ortega Díaz citó a comparecer ante el Ministerio Público (MP) a González López y a Benavides, audiencia que coincidirá con la suya ante el TSJ el próximo 4 de julio, donde se evalúa un antejuicio de mérito en su contra por presuntas "faltas graves" en el ejercicio de sus funciones.

La fiscal general se ha manifestado en contra del Ejecutivo, y ha rechazado la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyas elecciones serán el próximo 30 de julio.

Además ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso de designación de 33 magistrados judiciales, a quienes la oposición acusa de ser parciales al Gobierno.