Cuatro pericias realizadas a la polémica grabación de la conversación entre el presidente de Brasil, Michel Temer, y el empresario dueño del gigante JBS, Joesley Batista, discrepan entre sí, informó hoy la prensa local.
El diario "Folha de Sao Paulo", con base en la pericia realizada por la Policía Federal al audio, considera que hay un consenso sobre la existencia de interrupciones, pero existen discordancias acerca de qué las provocó.
También hay diferencias respecto a una expresión usada por Batista ("todo mes" o "estoy en el medio") y sobre la validez de la grabación como prueba judicial.
Los informes fueron realizados por la defensa de Temer, por dos especialistas contratados por "Folha de Sao Paulo" y por la Policía Federal.
De acuerdo con la pericia de la Policía Federal, las interrupciones fueron causadas por un dispositivo de la grabadora, que interrumpe la captación ante la ausencia de sonido.
El Instituto Brasileño de Peritos (IBP), contratado por el diario brasileño, determinó sin embargo que este mecanismo sólo explica parte de las interrupciones.
Otras interrupciones tienen distintas características y pudieron ocurrir después de la grabación y las causas, por lo tanto, no fueron determinadas.
La Policía Federal dijo que la prueba es válida porque no hay indicios de que la grabación haya sido adulterada o de que exista una supresión intencional de alguna parte de la conversación.
Por su parte, el perito Ricardo Molina, contratado por Temer, el IBP y el perito Ricardo Caires dos Santos, contratado por el diario, señalaron que el uso del audio como prueba es inviable por su mala calidad, por las pausas con origen desconocido y por la mala preservación del equipamiento.
El presidente brasileño fue denunciado por el fiscal general, Rodrigo Janot, por corrupción pasiva, tras la delación que hicieron los ejecutivos de la multinacional cárnica JBS ante la Justicia, en la que aseguraron que pagaron sobornos a Temer desde 2010.
El mandatario es investigado también por la Corte Suprema por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, aunque la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre los dos últimos.
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