LA PAZ, 25 jul (Xinhua) -- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió hoy a Bolivia implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad, con el fin de bajar los índices de toda forma de violencia institucional, psicológica y simbólica.
La ONU efectuó este pronunciamiento en Bolivia a través de un comunicado en el marco campaña a nivel mundial UNETE, con la finalidad de "poner fin a la violencia contra las mujeres".
"Naciones Unidas en Bolivia desea visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad en el país, quienes sufren diversas formas de violencia, incluyendo violencia institucional, psicológica y simbólica", señaló el pronunciamiento.
El abogado de la Comisión Codificadora de Leyes del Ministerio de Justicia, Jorge Omar Mostajo, dijo en contacto telefónico con Xinhua que es preocupante el caso de hacinamiento en las cárceles bolivianas y de la situación de las mujeres.
Consideró como alarmantes los datos oficiales sobre la situación de las cárceles, en que de 16.613 detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 están con sentencia y 11.585 en detención preventiva.
En Bolivia solamente existen tres cárceles para mujeres, las cuales están en La Paz (oeste), Cochabamba (centro) y Trinidad (noreste), mientras que el resto debe compartir la infraestructura con varones.
Más de 1.300 mujeres están recluidas en centros carcelarios, constituyendo el 7,9 por ciento del total de personas presas a nivel nacional.
"Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región", afirmó Mostajo.
El entrevistado sostuvo que las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como tráfico de drogas a pequeña escala, robos y hurtos.
Del total de mujeres privadas de libertad en el país sudamericano, el 38 por ciento se encuentra en reclusión por delitos relacionados con drogas, mientras que el 28 por ciento lo está por delitos contra la propiedad, considerados en su gran mayoría como menores.
La ONU instó también a promover que los operadores judiciales hagan uso del poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género.
Pidió además mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad y fortalecer los programas dirigidos a ese sector de población.
El organismo internacional destacó asimismo los esfuerzos y aportes del gobierno boliviano, al demostrar voluntad para encontrar soluciones a la excesiva vulnerabilidad de las mujeres de bajos recursos frente al sistema de justicia penal.
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