BRASILIA, 12 sep (Xinhua) -- La Presidencia de Brasil afirmó hoy que "garantías individuales están siendo violentadas" y que se condena a las personas sin pruebas, en un duro pronunciamiento contra la forma en que son conducidas numerosas investigaciones contra políticos.
El gobierno afirmó en un comunicado y sin citar nombres, que "bandidos" inventan versiones para buscar reducir sus penas, en alusión al uso recurrente de delaciones premiadas en investigaciones contra políticos.
"Las garantías individuales están siendo violadas, ampliamente, sin que haya la mínima reacción. Se llega al punto de intentar condenar a las personas sin siquiera oírlas. Por lo tanto, sin concluir investigación, sin comprobarse la verdad, sin verificar la existencia de pruebas reales", subrayó.
El comunicado se produce luego de que la Policía Federal (PF) afirmó anoche, con base a testimonios de delatores, que existen indicios de que el presidente Michel Temer supuestamente habría recibido 31,5 millones de reales (10 millones de dólares) en "ventajas indebidas".
Dicho monto lo habría recibido como líder de un grupo de políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Según el comunicado presidencial, se ataca de esta manera la reputación de personas públicas y apenas se las acusa con base en testimonios de "delincuentes".
"El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, para cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y para evitar toda forma de injusticia. En las últimas semanas, Brasil viene viendo exactamente lo contrario", señaló la nota.
La declaración del gobierno ocurre además en el contexto de la detención el fin de semana pasado de directivos del grupo de productos cárnicos JBS.
El fin de semana se detuvo al empresario Joesley Batista, propietario de JBS, así como a su ex gerente, Ricardo Saud, quienes en delación premiada acusaron al presidente Temer y a algunos de sus colaboradores de negociar sobornos.
Los delatores fueron puestos en prisión bajo sospecha de haber ocultado informaciones en el acuerdo de delación con el Ministerio Público.
El caso provocó fuertes cuestionamientos sobre la actuación del procurador general, Rodrigo Janot, así como de la metodología utilizada en la operación "Lava Jato" (lavadero) para obtener informaciones de delatores a cambio de beneficios.
La nota de la Presidencia afirma que en las delaciones premiadas, "se ignora toda la coherencia de hechos y de historias narradas por criminales reincidentes y persistentes".
"Facinerosos que roban del país la verdad. Los bandidos construyen versiones 'por oír decir' para asegurarse impunidad o alcanzar un perdón, aunque parcial, por sus innumerables crímenes. Las reputaciones son destrozadas en conversaciones embebidas en acciones clandestinas", señaló.
La administración cuestionó también la práctica de filtrar a la prensa declaraciones de delatores, acusando a autoridades y políticos, en especial denuncias de financiamiento ilegal de campañas.
"Se cambia el pasado bajo la fuerza de falsos testimonios. Filtraciones presentan conclusiones que transforman en crímenes (...): el sistema de contribución empresarial a campañas políticas era perfectamente legal, fiscalizado y bajo instrumentos de control de la Justicia Electoral", afirmó la Presidencia.
La nota presidencial agregó que "las desviaciones deben ser condenadas, pero no se pueden criminalizar aquellas acciones correctas protegidas por las garantías constitucionales".
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