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Exigen justicia para 43 estudiantes desaparecidos en sur de México en 2014

Por Edna Alcántara

MEXICO, 26 sep (Xinhua) -- Familiares, estudiantes, maestros y defensores de derechos humanos exigieron este martes al gobierno de México justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur).

Al cumplirse este martes tres años de los acontecimientos, se realizó una breve manifestación pacífica en diversas ciudades de México para conmemorar el aniversario del caso, y del cual aún no se ha esclarecido del todo a pesar de que en ese lapso se han realizado detenciones de funcionarios y policías, pero sin que existe un responsable directo.

"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", rezaba una pancarta de varios de los manifestantes que marcharon en silencio esta tarde en la avenida Paseo de la Reforma de la capital mexicana, en respeto a las víctimas mortales de los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.

"No hay avances porque el Gobierno federal está involucrado en la desaparición de nuestros jóvenes", dijo a Xinhua Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales de Iguala, por orden del entonces alcalde, José Luis Abarca, atacaron a los estudiantes, causando seis muertos y 25 heridos, además de los jóvenes desaparecidos, que según las investigaciones fueron entregados al grupo criminal "Guerreros Unidos".

México se encuentra de luto por los 333 fallecidos por el terremoto del pasado 19 de septiembre con un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter que afectó a la zona centro y sur del país y a doce días de otro de 8,4 grados en escala de Richter que dañó severamente a los estados sureños de Oaxaca y Chiapas y que dejó un saldo de 98 muertos, hechos en los que se respira tristeza y aún en la capital mexicana no regresa por completo la actividad.

Sin embargo, para los papás, amigos y excompañeros de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, "no podemos dejar pasar este día en el que se cumplen 3 años de lo ocurrido y que aún no se resuelve", reclamó por su parte Emiliano Navarrete, padre de otro de los estudiantes desaparecidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, consideró que a tres años de ocurridos los hechos relacionados con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, las víctimas y sus familiares aún no encuentran las respuestas que buscan, por lo cual subrayó "su exigencia de verdad, justicia y reparación ante esos lamentables hechos, para que no haya olvido ni impunidad".

"Esta Comisión Nacional refrenda su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo "Avispones de Chilpancingo" y las víctimas de eventos paralelos para que estos hechos sean atendidos a cabalidad desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad; derecho a la justicia; reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición", expuso la oficina de la defensoría del pueblo en un comunicado.

La CNDH recordó que desde 2015, presentó tres reportes sobre el caso, mismos que contienen un total de 57 observaciones y propuestas a las autoridades federales y locales, de las que aseguró que "únicamente 9 pueden considerarse totalmente atendidas, 36 están en vías de atención y 12 tienen estatus de no atendidas".

Sostuvo que como organismo descentralizado mantiene abierta su investigación para determinar violaciones a derechos humanos en el Caso Iguala.

Asimismo "exige a la autoridad que en su indagatoria considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos, y no la dé por concluida hasta esclarecer el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas como la sociedad en general conozcan la verdad de lo acontecido antes, durante y después de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero".

La hipótesis gubernamental en torno a los estudiantes es que fueron raptados por policías que los entregaron a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos bajo la sospecha de que se trataba de integrantes de una organización rival.

Conforme a presuntos criminales detenidos por el caso y un estudio pericial, integrantes de Guerreros Unidos habrían asesinado y cremado a los jóvenes en un basurero de la vecina municipalidad de Cocula.

No obstante, los padres de los normalistas rechazan esa versión porque dos estudios forenses llevados a cabo por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyeron que el 27 de septiembre no pudo registrarse un fuego capaz de calcinar a los jóvenes en el basurero.