QUITO, 18 jun (Xinhua) -- La defensa del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), afirmó hoy que son "insostenibles" los argumentos de la Fiscalía con los que la justicia local vinculó al ex mandatario en un caso de intento de secuestro a un político opositor.
"Hemos visto la fragilidad, la debilidad de los fundamentos en los cuales la Fiscalía basa su pedido de vinculación", dijo a la prensa Caupolicán Ochoa, abogado de Correa.
Este lunes, la juez penal Daniela Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió vincular al ex mandatario por su presunta participación como "autor mediato" del presunto intento de secuestro del ex legislador opositor Fernando Balda.
El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012, según Balda, quien alega que cuando estuvo en la capital colombiana cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero la policía interceptó el vehículo y frustró el intento de secuestro.
Balda, ex legislador por el opositor Partido Sociedad Patriótica y activista político, se refugió en Colombia por considerarse perseguido político de Correa.
La juez acogió el pedido de vinculación solicitado por el fiscal general, Paúl Pérez, y ordenó que Correa se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia desde el próximo 2 de julio.
Correa reside en Bélgica tras dejar el poder en mayo de 2017.
La juez aclaró en su resolución que las misiones diplomáticas no tienen facultad para receptar su presentación periódica.
Ochoa agregó que cada uno de los elementos presentados por la Fiscalía "contienen su propia vulnerabilidad, no se compadecen con la realidad procesal, no tienen ninguna realidad con los hechos y son insostenibles".
"No creo que pueda (el fiscal general) justificar y sostener estos puntos de vista en la etapa de instrucción y de juicio", señaló el letrado.
Añadió que una vez que el ex presidente ha sido vinculado en el caso, la defensa procederá a realizar "todas las actuaciones procesales que sean necesarias para que este asunto se esclarezca definitivamente".
"El punto de partida es afirmaciones absolutamente superficiales, inverosímiles, especulaciones, prejuicios, nada que pueda comprometer la responsabilidad penal de un ciudadano", expuso.
Ochoa, quien se declaró sorprendido por la decisión judicial, había solicitado a la juez que abstenga de continuar con el trámite de la causa en contra de Correa.
En un escrito, Ochoa argumentó que "no es posible continuar válidamente con el proceso" luego de que la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) se declaró incompetente para autorizar el enjuiciamiento penal del ex mandatario.
El pasado 11 de junio, la juez había pedido a la Asamblea su autorización, pero tres días después una mayoría resolvió que la petición era improcedente y la devolvió a la juez para que continué el proceso.
En ese sentido, Ochoa, sostiene que la Asamblea "no ha cumplido" lo dispuesto por la juez y, por lo tanto, se ha negado a configurar el requisito de procedibilidad, sin el cual no es posible continuar el proceso.
El ex presidente Correa atribuye el caso a una persecución política, ya que a su juicio "nunca podrán probar nada, porque no existe".
"Probablemente podrán lograr falsos testimonios, pero jamás prueba material alguna", señaló este lunes en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado señaló en un comunicado que su titular, Paúl Pérez, "presentó indicios suficientes en contra del ex mandatario".
Apuntó que entre los elementos de convicción presentados consta un informe de la Contraloría General del Estado, cartas enviadas a Correa por dos procesados en el caso, además, oficios de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de la Presidencia y del Consejo Nacional Electoral.
De igual manera, están las versiones del ex secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo; del ex ministro coordinador de Seguridad de esa época, Homero Arellano; y del ex director general de Inteligencia de la Policía Nacional, Fausto Tamayo.
Hasta ahora, cinco personas han sido vinculadas en las investigaciones, entre ellas, tres agentes de inteligencia, quienes se encuentran en prisión preventiva.
La instrucción fiscal (presentación de pruebas acusatorias) dentro de este caso se prolongará hasta el próximo 18 de julio.