QUITO, 9 jul (Xinhua) -- La Contraloría General de Ecuador determinó indicios de responsabilidad penal contra el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y otros ex funcionarios por supuestas irregularidades en la negociación de Certificados de Tesorería, informó hoy lunes el contralor subrogante, Pablo Celi.
Las presunciones de responsabilidad constan en un informe que la Contraloría envió a la Fiscalía tras un examen especial realizado al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes), cuyo informe fue aprobado el pasado 4 de julio.
La auditoría se efectuó en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
"Es un informe de indicios de responsabilidad penal (...) que involucra a un conjunto de funcionarios, entre otros, al ex presidente de la República, puesto que se usó Certificados de Tesorería en calidad de dación en pago de obligaciones que mantenía el Estado con entidades públicas y privadas, como municipalidades y universidades", explicó Celi en rueda de prensa.
Agregó que el informe está sustentado "en el perjuicio a los recursos públicos que sufrió el Estado ecuatoriano".
La Contraloría precisó que los Cetes se colocaron en plazos mayores a los permitidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, menos de 360 días.
"Los certificados fueron entregados como instrumentos de dación de pago, lo que se contrapone al objetivo de estas operaciones, que deben efectuarse para obtener recursos para financiar deficiencias en la caja fiscal", indicó.
Abundó que, por su naturaleza, los Cetes no son considerados deuda pública, por lo que no pudieron utilizarse para cubrir deuda, lo cual incrementó las obligaciones con entidades públicas y privadas.
De acuerdo con la Contraloría, las modificaciones en las Escrituras Públicas de Emisión de los Cetes permitieron su entrega como instrumentos de canje por otros títulos-valores emitidos por el Banco Central, en contraposición a lo dispuesto en la legislación vigente.
Añadió que la auditoría determinó que los canjes y renovaciones de dichos papeles "no generaron ingresos para la caja fiscal" y la documentación relacionada con la colocación de los Cetes fue "declarada como secreta".
Los indicios de responsabilidad penal incluyen a ex ministros de Economía y Finanzas del anterior gobierno, así como a ex gerentes del Banco Central y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Planificación, entre otros.
El anuncio de la Contraloría generó la reacción de Correa, a través de su cuenta en la red social Twitter.
"Sigue el payaso y la payasada. ¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué la prensa no comienza pidiendo el nombramiento legal del 'contralor'? Todo es cuestión de tiempo", escribió el ex mandatario.
Correa, quien reside en Bélgica y es requerido por la justicia local por su presunta participación en el intento de secuestro a un político opositor en 2012, también fue señalado en abril pasado por la Contraloría en otro informe sobre el manejo de la deuda pública durante su administración.
En ese entonces, Celi hizo público el informe final de un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública en los periodos de enero de 2016 al 24 de mayo de 2017.
El documento mencionó indicios de responsabilidad penal contra Correa y varios ex funcionarios, por lo que la Fiscalía abrió una investigación penal.