RIO DE JANEIRO, 16 jul (Xinhua) -- Las matanzas (tres personas o más víctimas fatales) crecieron un 80 por ciento en el estado de Río de Janeiro, el más turístico de Brasil, desde que el gobierno decretó la intervención militar en la región, a mediados del mes de febrero, para poner fin a la ola de violencia, según un informe divulgado este lunes.
Los datos, presentados este lunes por el Observatorio de la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes, indican que además de las matanzas, el número de víctimas mortales en este tipo de tiroteos subió un 128 por ciento desde febrero en comparación con los cinco meses previos a la intervención.
Por su parte, la aprehensión de fusiles, metralletas y submetralletas bajó un 39 por ciento entre febrero y mayo en comparación con el mismo período del año pasado.
El estudio denunció que las prácticas violentas siguen siendo comunes contra las favelas y sus habitantes, y que las operaciones, que movilizan una media de 5.000 hombres, resultan en miedo, muertes y pocos efectos positivos. Según el informe, entre febrero y mayo, los tiroteos en Río de Janeiro aumentaron un 37 por ciento.
"El resultado es el aumento de aquello que la población tiene más miedo; balas perdidas, fuego cruzado y tiroteos. Hasta ahora, la presencia de las Fuerzas Armadas no resultó en la percepción de que la seguridad de Río de Janeiro mejoró tras la intervención militar", asegura el informe, realizado por un grupo de especialistas independientes de la Universidad Cándido Mendes.
El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero la intervención federal en la Seguridad Pública de Río de Janeiro como forma para disminuir la ola de violencia en el estado, el más turístico y emblemático de Brasil y que sufre una grave crisis económica desde el final de los Juegos Olímpicos.
La intervención en la cartera de Seguridad Pública de Río de Janeiro supuso que el Ejército asumiera el control en temas de seguridad.
Sin embargo, la violencia sigue presente en el día a día de Río de Janeiro, como lo demuestran los más de 60 policías asesinados apenas este año y las estadísticas reveladas por el informe de la Cándido Mendes.
Inicialmente, la intervención federal debía ser hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el ministro de Seguridad Pública brasileño, Raul Jungmann, ya defendió prorrogarla por un año, hasta finales de 2019.