RIO DE JANEIRO, 30 ago (Xinhua) -- El presidente de Brasil, Michel Temer, alabó hoy jueves la intervención federal decretada en la seguridad pública de Río de Janeiro y dijo estar "muy satisfecho" por la decisión, que permitió que el Ejército asumiera el control de las policías, los bomberos y el sistema carcelario de esta ciudad.
"Dije a todos los sectores que imaginaba un período de seis meses de intervención. Ya ultrapasó un poco el período de seis meses, pero de actividad ejecutadora tenemos prácticamente tres, o máximo cuatro, porque los dos primeros meses fueron de organización. Y en estos tres o cuatro meses los índices de criminalidad son extraordinarios", afirmó Temer en un acto en Río de Janeiro.
En compañía del ministro de Defensa, Joaquim Silva y del de Justicia, Torquato Jardim, Temer se reunió este jueves con las autoridades regionales y municipales de Río de Janeiro para evaluar la intervención federal, decretada a mediados de febrero para combatir la ola de criminalidad y violencia que vivía el estado más emblemático y turístico de Brasil y en particular su capital homónima.
Sin embargo, los números ofrecidos por el Instituto de Seguridad Pública (ISP) muestran que hay un aumento de la violencia desde la intervención federal en Río de Janeiro.
Apenas en el mes de julio, las muertes en acciones policiales aumentaron un 105 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, los homicidios dolosos crecieron un 9 por ciento y los tiroteos aumentaron un 61 por ciento.
Parte de la población de Río de Janeiro ha mostrado su rechazo a la intervención, según un sondeo reciente divulgado por Datafolha según el cual el apoyo a la intervención bajó del 74 al 66 por ciento.
La intervención federal tiene plazo hasta el 31 de diciembre, aunque el Gobierno brasileño ya ha afirmado que pretende prorrogarla.
Río de Janeiro vive una ola de violencia desde la fin de los Juegos Olímpicos, que se une a una grave crisis económica, lo que se tradujo en una disminución del número de agentes de policía en las calles. El año pasado, se produjeron casi 7.000 homicidios, mientras que la mayoría de comisarías instaladas en las favelas en los últimos años fueron retiradas por falta de presupuesto para mantenerlas.