MONTEVIDEO, 20 sep (Xinhua) -- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo hoy jueves que el gobierno no retrocederá en la política antitabaco, en respuesta a un fallo judicial que dejó en suspenso un decreto que exige el etiquetado "neutro" de las cajillas de cigarrillos.
"No piense ninguna tabacalera que este gobierno va a dar un paso atrás", aseguró Vázquez al ser consultado por periodistas sobre el recurso de amparo que aceptó la Justicia de parte de la tabacalera internacional British American Tobacco.
"Sobre los intereses comerciales están los intereses de la salud pública", sostuvo el mandatario tras participar de un acto empresarial, donde enfatizó que "el gobierno va a seguir defendiendo categóricamente la salud de la población".
"Esta resolución de la Justicia la respetamos, pero ya hemos presentado un recurso de amparo para seguir adelante con la política de combatir este flagelo de la humanidad que es el tabaco", afirmó Vázquez, médico oncólogo de profesión.
British American Tobacco presentó el recurso ante el juez letrado en lo Contencioso Administrativo, Pablo Eguren, al alegar que es "imposible" implementar el decreto del empaquetado en seis meses.
Vázquez firmó el 6 de agosto un decreto que establece la obligatoriedad del "etiquetado neutro" en las cajillas de cigarrillos, adelantándose a un proyecto de ley que fijaba esa medida, pero cuyo estudio se ha estancado en el Parlamento.
El decreto cumple con lo establecido en los artículos 11 y 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La prevalencia del tabaquismo se redujo de 35 a 21 por ciento desde que comenzaron a aplicarse las medidas antitabaco en el primer gobierno de Vázquez (2005-2010).
En 2006 Uruguay se convirtió en el quinto país del mundo libre de humo de tabaco en lugares públicos cerrados, además de aplicar desde entonces fuertes gravámenes a cigarrillos y limitaciones a su publicidad.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó el año pasado la demanda contra Uruguay interpuesta por Philip Morris, que alegaba perjuicios comerciales por la política antitabaco del país.
La denuncia acusaba a Uruguay de haber actuado "en contra del tratado bilateral de inversiones con Suiza", sede de la multinacional, lo cual produjo a la firma supuestos "daños y perjuicios derivados de una expropiación".
Las restricciones locales al tabaco establecen la prohibición de ofrecer productos "suaves".