QUITO, 7 nov (Xinhua) -- La defensa del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017) , rechazó la decisión de una juez nacional que llamó hoy a juicio al ex mandatario por el presunto delito de plagio por el intento de secuestro del político opositor Fernando Balda, ocurrido en 2012.
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, calificó de "política" la resolución de la juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, la cual se leyó en una audiencia preparatoria de juicio celebrada este miércoles.
A la audiencia acudieron los abogados de las partes involucradas y de la Fiscalía, para exponer sus alegatos.
Según Ochoa, el llamado a juicio responde a una supuesta presión del poder político y de algunos actores sociales y medios de comunicación.
"De tal manera, que no nos sorprende esta resolución. Lo que nos sorprende realmente es la forma cómo se llega a las conclusiones por parte de quien ha dictado la resolución, porque no se hace ninguna referencia a los elementos de descargo que fueron desarrollados por la defensa del economista Rafael Correa", expuso el letrado a periodistas.
Añadió que durante la audiencia "solamente se ha hecho una recapitulación de los elementos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular, a sabiendas que todos y cada uno de aquellos indicios fueron desvirtuados en su momento".
Camacho llamó a juicio a Correa como autor del presunto plagio (secuestro), así como, a los ex agentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, quienes cumplen prisión preventiva, además del ex director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero.
Este último, contra quien pesa una orden de prisión, se encuentra en libertad condicional en España.
La jueza Camacho señaló que, en el caso de Correa, que reside en Bélgica y tiene orden de prisión y arresto, y Romero, no podrá comenzar el juicio hasta que los dos estén en el país o sean capturados.
El pasado 26 de septiembre, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, solicitó a la juez Camacho que Correa y los demás involucrados sean llamados a juicio.
Correa, fue acusado por Balda de estar detrás de su fallido secuestro ocurrido en agosto de 2012, en Bogotá, Colombia.
En su denuncia, Balda, alega que cuando estuvo en Bogotá cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero policías colombianos interceptaron el vehículo y frustraron el intento de secuestro.
Entonces, el también ex legislador por el opositor Partido Sociedad Patriótica y activista político se encontraba refugiado en Colombia por considerarse perseguido político de Correa.
Además, existía una orden de prisión preventiva contra Balda por atentar contra la seguridad interna del Estado.
El ex mandatario fue vinculado al caso el pasado 18 de junio en el marco de la instrucción fiscal (presentación de pruebas acusatorias).
El fiscal general del Estado, Paúl Pérez, dijo, en su momento, que ex funcionarios señalaron al ex presidente como pieza clave en el caso.
Desde julio pasado, el ex presidente Correa, tiene una orden de prisión preventiva y captura en su contra con fines de extradición dispuestas por la juez Camacho.
Tales medidas se dispusieron, luego de que Correa, quien niega cualquier participación en el hecho, no cumpliera con la medida cautelar de presentarse cada 15 días en un juzgado de Quito, la capital del país.
La captura y extradición del ex mandatario, en manos de la Policía Internacional (Interpol), aún está sin resolver, en vista de que Correa reside en Bélgica con su familia tras dejar el poder en mayo de 2017.
Correa, ha criticado la actuación de la justicia local en este caso señalando que la misma es "injusta" y "ridícula", además, atribuye su vinculación a una persecución política.