LIMA, 3 dic (Xinhua) -- El ex presidente peruano Alan García aseguró hoy que se someterá a las investigaciones que lleva a cabo la justicia del país, después de que el gobierno de Uruguay le negó una solicitud de asilo político.
García hizo las declaraciones tras abandonar la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, donde se encontraba refugiado desde el pasado 17 de noviembre.
Según afirmó el ex mandatario, no existe ninguna prueba que lo vincule al presunto cobro de sobornos que le atribuye la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, los cuales provendrían de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de lograr la concesión de contratos para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
"Lo propalado en estos días sólo consiste en rumores y especulaciones que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas", explicó García en una nota de prensa leída por su secretario personal, Ricardo Pineda.
García, sobre quien existe una orden judicial de impedimento de salida de Perú, también rechazó cualquier medida que concluya en una orden de detención en su contra.
El ex presidente peruano, que gobernó en dos periodos (1985-1990 y 2006-2011), se refirió a su fallido intento de asilarse en Uruguay, del cual dijo "solicité asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención".
Puntualizó que, pasado este proceso, ahora se encuentra en su domicilio, en el distrito de Miraflores, a disposición de las investigaciones y llamados que la justicia peruana crea conveniente para aclarar los señalamientos en su contra.
Al respecto, el actual presidente peruano Martín Vizcarra afirmó que en la respuesta del gobierno uruguayo se reafirma que en Perú no existe persecución política, se respeta la independencia de poderes y el debido proceso judicial.
"En Perú nadie tiene corona", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter en su primera reacción en el proceso judicial que enfrenta García y su infructuoso pedido de asilo alegando persecución política.
Previamente, el gobierno peruano envió la información pertinente a Uruguay, en el marco de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, asegurando que en Perú se respetan los derechos de todos los ciudadanos, incluido el de García.
La justicia peruana investiga a García por supuestamente haber recibido sobornos por cerca de ocho millones de dólares de Odebrecht.