QUITO, 4 dic (Xinhua) -- La vicepresidenta de Ecuador sin funciones, María Alejandra Vicuña, renunció hoy de manera "irrevocable" al cargo, en medio de un escándalo de presunta corrupción en su contra.
"El país no merece esta inestabilidad, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna", dijo Vicuña en un video difundido por la prensa local.
La muerte cruzada es una facultad constitucional que permite al Legislativo disolver al Ejecutivo y viceversa, y convocar a elecciones generales.
La renuncia de Vicuña deberá ser tramitada por la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), dijo a periodistas el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán.
"Es la Asamblea la que debe tomar la decisión de aceptar la renuncia", apuntó, tras indicar que después el presidente Moreno deberá elaborar una terna de candidatos para que la Asamblea elija al nuevo vicepresidente.
La renuncia de Vicuña se produjo un día después de que el presidente Lenín Moreno la "liberó" de funciones para que "pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa".
Vicuña apuntó que una Vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: trabajo, reactivación productiva y económica (...), y si bien el presidente Moreno le ha reiterado su cariño prefiere renunciar al cargo.
"Prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar", dijo Vicuña, también militante del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), aliado al gobernante Alianza PAIS.
Tras el retiro de funciones a Vicuña, el mandatario encargó la vicepresidencia al secretario general de la Presidencia, José Briones.
La Fiscalía General del Estado notificó el pasado jueves a Vicuña de la apertura de una investigación previa en su contra por "presuntos cobros ilegales" a uno de sus asesores durante su gestión como asambleísta (legisladora) por el movimiento oficialista Alianza PAIS.
La investigación se basa en una denuncia realizada por Angel Sagbay, su ex asesor entre 2011 y 2013, según información divulgada por el canal de televisión local "Teleamazonas".
En una declaración juramentada, Sagbay, señaló que Vicuña le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo y que ese aporte era una "contribución obligatoria" para el movimiento ABA.
Vicuña, quien fue asambleísta en dos ocasiones (2009-2013 y 2013-2017), ha reconocido haber recibido depósitos de su ex colaborador en su cuenta bancaria personal, pero ha negado que dichos aportes hayan sido obligados.
A su juicio, la denuncia es parte de una supuesta trama de extorsión y de una campaña de desprestigio del gobierno.
Desde que estalló el escándalo el presidente Moreno, asumió una postura neutral en el caso y dejó en manos de las instancias competentes esclarecer el caso.
En ese escenario, Vicuña solicitó el lunes al presidente Moreno licencia sin remuneración hasta el próximo 31 de diciembre para ejercer su legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente, las funciones a ella asignadas.
Sin embargo, el gobierno dijo que dicha solicitud debió dirigirse a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) y no a la función ejecutiva.
La solicitud de licencia iba a ser tratada el próximo jueves en la Asamblea, donde una mayoría aprobó la semana pasada, con 77 votos, una resolución en la que exigía la renuncia a Vicuña.
En un comunicado emitido este martes, Vicuña cuestionó que se le haya pedido la renuncia en la Asamblea, sin al menos haberle solicitado su comparecencia, "violentando el más elemental derecho al debido proceso también para los asuntos políticos".
Vicuña, quien aseguró haber hecho política desde los 14 años, dijo que desde que asumió la Vicepresidencia ha tenido constantes ataques con base en "calumnias e infamias", y anunció que se defenderá como ciudadana.
De 40 años de edad, Vicuña ejerció desde el 4 de octubre de 2017 como vicepresidenta encargada, después de que Jorge Glas fue vinculado a un juicio por asociación ilícita relacionado a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Glas cumple prisión preventiva desde el 2 de octubre de 2017 por este caso, por el cual fue condenado a seis años de prisión por un tribunal penal.
La situación provocó su ausencia definitiva, por lo que el 6 de enero de 2018, la Asamblea Nacional -con base en una terna enviada por el gobierno- designó a Vicuña como vicepresidenta hasta el año 2021, en reemplazo de Glas.