Tres empresas que contaminaron en Changzhou tendrán que disculparse públicamente |
Nuevo campus de la escuela de idiomas extranjeros de Changzhou, construído cerca de un vertedero tóxico. Changzhou, provincia de Jiangsu, 18 de abril del 2016.
Por Cang Wei
Changzhou,Jiangsu,28/12/2018(El Pueblo en Línea)-A tres compañías químicas que contaminaron la tierra en Changzhou, provincia de Jiangsu, se les ha ordenado pedir disculpas ante la sociedad, a través de los medios de comunicación nacionales chinos, y pagar por los gastos legales y de admistrativos en los que incurrieron las dos organizaciones no gubernamentales que las demandaron, informó este jueves el Tribunal Popular de Jiangsu.
En septiembre del 2015, unos 500 estudiantes del nuevo campus de la Escuela de Lenguas Extranjeras de Changzhou enfermaron. Algunos fueron diagnosticados con linfoma y leucemia. Más tarde, se descubrió que la escuela había sido construida cerca de un sitio que antes del 2010 había albergado la actividad de tres empresas de producciones químicas.
En mayo del 2016, dos organizaciones no gubernamentales chinas – el “Fondo para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Ecológico” y “Amigos de la Naturaleza”- presentaron una demanda de interés público contra las compañías de producciones químicas Changlong, Changyu y Huada.
En enero del año pasado, el Tribunal Popular Intermedio de Changzhou confirmó que las tres empresas habían vertido productos químicos altamente tóxicos en el perímetro del nuevo campus, contaminando las aguas subterráneas y la tierra adyacente a la Escuela de Lenguas Extranjeras de Changzhou. También se informó que el sitio contaminado había sido entregado al Centro Local de Reserva de Tierras para su posterior tratamiento, asumiendo el gobierno local del distrito Xinbei el trabajo de limpieza. Debido a este antecedente, el Tribunal Popular Intermedio consideró que las empresas no tenían que pagar por la restauración ambiental.
Tras la apelación, el Tribunal Supremo Popular de Jiangsu también confirmó que las tres empresas no tenían que pagar por la restauración ambiental.
Liu Xiang, uno de los abogados de “Amigos de la Naturaleza”, refuta el dictamen argumentando que el gobierno local del distrito Xinbei solamente tenía el derecho de utilización, lo que significa que el gobierno no heredó la responsabilidad de eliminar la contaminación presente en el sitio.
"La mayoría de las aguas subterráneas y la tierra contaminada no han sido tratadas", asegura Liu. "Insistimos en que las tres empresas deben abonar 260 millones de renminbi (38,2 millones de dólares estadounidenses) para restaurar el medio ambiente que dañaron."
Huo Zhijian, uno de los abogados del Fondo para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Ecológico de China, afirmó que “demandamos a los contaminadores para obligarlos a que cumplan con sus responsabilidades. El gobierno no debe combatir esa contaminación utilizando el dinero de los contribuyentes."
Por otra parte, los abogados de las tres empresas solicitaron que los tribunales los eximieran de los gastos de la demanda de interés público, en lugar de cobrarles de acuerdo con las normas establecida para los casos relacionados con litigios de la propiedad.
Chen Ying, juez principal a cargo del caso, precisó que los expertos habían confirmado que el sitio contaminado y su entorno vecino se habían restaurado con total seguridad, por lo que no es necesario que el tribunal ordene a las tres empresas que hagan más al respecto.
"Descontaminar requerirá mucho tiempo", indicó Chen. "Parte de la solicitud de los demandantes para eliminar los peligros medioambientales ya se ha realizado. Y es muy posible que, en última instancia, su solicitud sea plenamente admitida."
Mientras tanto, las tres compañías pagarán 460.000 renminbi a las dos organizaciones gubernamentales por sus gastos legales y administrativos. Y pagarán 200 renminbi por concepto de gastos judiciales, debido a los dos juicios celebrados en el Tribunal Intermedio de Changzhou y en el Tribunal Supremo Popular de Jiangsu.
Algunos tribunales chinos han estado alentando que, en caso de que se produzca un fallo adverso en sus demandas de interés público, las organizaciones sociales sean eximidas de abonar honorarios. Pero las empresas contaminantes que se sientan en el banquillo, si pierden el caso tienen que pagar.