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ENTREVISTA: Grupo de Lima infringe normas básicas del derecho internacional, afirma experto venezolano

Por Willey Peñuela

CARACAS, 6 ene (Xinhua) -- El Grupo de Lima "infringe uno de los principios consagrados en el derecho internacional, como lo es la no intervención en los asuntos internos de los pueblos, al inmiscuirse en asuntos que sólo competen a los venezolanos".

Así lo afirmó a Xinhua el internacionalista venezolano Vladimir Adrianza Salas.

El pasado viernes, 13 de los 14 países del Grupo de Lima, con excepción de México, firmaron en la capital peruana una declaración para instar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no asumir el nuevo período presidencial el próximo 10 de enero por presuntamente existir una "ruptura del orden constitucional" en ese país suramericano.

Adrianza dijo a Xinhua que este principio se encuentra reflejado en el artículo 1, numeral 2, del documento constitutivo de las Naciones Unidas, así como en el artículo 3, literal E, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El primer punto de la declaración del Grupo de Lima, difundida el 4 de enero, está referido a las elecciones presidenciales venezolanas del pasado mayo, comicios donde Maduro obtuvo un triunfo contundente sobre el candidato opositor Henri Falcón.

El texto afirma que el proceso electoral de mayo "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos" ni con otras garantías electorales que ofrecieran un proceso libre, justo y transparente.

A decir de Adrianza, dichas elecciones debían haberse celebrado en diciembre de 2018; sin embargo, tras una mesa de diálogo instalada en República Dominicana entre el gobierno venezolano y la oposición, se acordó adelantar los comicios.

"Luego de consultar al Consejo Nacional Electoral, poder encargado de los procesos de elecciones y refrendarios en Venezuela, se fijó la fecha inicialmente para el 22 de abril de 2018, realizándose las mismas el 20 de mayo de 2018, a petición de sectores opositores", recordó el también investigador en geopolítica.

De acuerdo con Adrianza, varios factores de la oposición nacional participaron en esas elecciones y un alto número de testigos internacionales presenciaron y avalaron las mismas.

Todos los factores, añadió, fueron convocados y tuvieron la posibilidad de presentar a sus candidatos.

"Estas elecciones se realizaron bajo el mismo sistema electrónico con auditoría abierta, mediante el cual se han realizado todos los más de 24 procesos eleccionarios en Venezuela en las últimas dos décadas", destacó el experto.

"Maduro fue electo con más del 67 por ciento de la población que acudió al evento. Vale la pena decir que se auditaron el 100 por ciento de los resultados por todas las fuerzas políticas participantes, sin conseguir inconsistencias que pusieran en duda el resultado obtenido", relató.

Para Adrianza, la declaración del Grupo de Lima es parte de una estrategia que va más allá de lo evidente.

Se trata, a su juicio, de una parte de la campaña de "Cerco y Asfixia, diseñada desde el Comando Sur y el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el gobierno venezolano".

Ese grupo de países, junto a Washington, "han promovido y promueven una guerra civil en Venezuela", comentó.

Otro punto importante de la declaración del Grupo de Lima es instar a Maduro a doblegar su poder ante la Asamblea Nacional (Congreso), institución que actualmente se encuentra en situación de desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

Adrianza explicó que la Asamblea Nacional queda en desacato desde su instalación en 2016, debido a que realizó la juramentación de algunos diputados impugnados por fraude electoral, contraviniendo una decisión del máximo tribunal de Venezuela.

"De acuerdo a la Constitución y leyes venezolanas, mientras se mantenga dicha condición, todo lo emanado de ese cuerpo colegiado es írrito, es decir, no tiene validez", indicó.

Dijo además que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, "es el ariete que pretenden legitimar los intereses internacionales que apoyan a la oposición venezolana para producir un cambio de gobierno en Venezuela".

Subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo plenipotenciario venezolano, ha venido supliendo el vacío que la Asamblea Nacional ha dejado en materia legislativa.

"El presidente deberá juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de enero del año en curso y, posteriormente, hacer acto de presencia ante la ANC, para ratificar la posesión de su cargo para el nuevo período presidencial 2019-2025", dijo el analista.

Ante el llamado al diálogo hecho por Maduro a la oposición local, Adrianza expresó que "no se puede dialogar con quien no quiere dialogar", y resaltó que la oposición "está apoyada por intereses transnacionales".

Sin embargo, indicó que es deber del presidente insistir en el diálogo "hasta lograr un entendimiento en beneficio de los venezolanos".

Según el experto, existe riesgo real de un conflicto militar en Venezuela, ya que son "muchos los intereses que están en juego" en la región.

Aun así, la solidaridad internacional empieza a manifestarse "de parte de los pueblos latinoamericanos y desde el mundo entero", puntualizó.

El entrevistado dijo que el objetivo de lo que considera es un plan contra su país, es adueñarse de las riquezas naturales de Venezuela, imponer un gobierno que sea dócil a los intereses de las transnacionales, derogar la Constitución vigente y aplicar la Doctrina Monroe en la región.

Sin embargo, prevé que la solidaridad internacional, junto a la participación de importantes sectores populares e intelectuales de la sociedad venezolana, serán elementos que podrán mantener intacta la soberanía y autodeterminación de ese país suramericano.