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Fiscalía mexicana busca responsabilizar a funcionarios por irregularidades en caso de desaparición de 43 normalistas

En un comunicado, la institución señaló que la fiscalía para el caso Ayotzinapa será la encargada de presentar los recursos y propuestas de diligencias para responsabilizar "a quienes en toda esta trayectoria delictiva" incumplieron con funciones.

La medida llega luego de que varios sospechosos que eran enjuiciados por el caso de los estudiantes de la normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, fueron liberados el 30 de agosto por un juez por falta de pruebas o porque alegaron detenciones ilegales y tortura.

Entre los liberados figuraron Gildardo López, "el Gil", un líder de la organización criminal "Guerreros Unidos" señalado como un autor de la desaparición, y por lo menos tres policías acusados de estar coludidos con los delincuentes, según las autoridades.

En un inusual tono, la FGR enfatizó que la investigación realizada por la administración mexicana anterior (2012-2018) recibió permanentes descalificaciones de las familias de los normalistas, mientras que peritos y expertos internacionales impugnaron sus resultados.

Las "irregularidades e ilegalidades y abusos" durante la pesquisa y los procesos penales derivados de ella han sido denunciados por familiares, organismos internacionales y no gubernamentales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enumeró la FGR.

La fiscalía mexicana en la administración pasada concluyó que integrantes de "Guerreros Unidos" desaparecieron a los 43 normalistas en una gran hoguera, luego de que policías corruptos se los entregaron tras raptarlos cuando viajaban en autobuses por la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Alrededor de 142 personas fueron detenidas entre septiembre de 2014 y agosto del año pasado por los hechos, muchas de ellas miembros de "Guerreros Unidos" y policías de Iguala, sin embargo varias decenas acusaron violaciones a su debido proceso.

Las quejas de los sospechosos dieron paso a que un tribunal federal basado en el estado de Tamaulipas (noreste) los amparara e invalidara numerosas pruebas presentadas por fiscales en su contra, a lo que siguió que el juez ordenara la liberación de varios de ellos.

El 4 de septiembre, la Secretaría de Gobernación advirtió que la liberación de "el Gil" podría sentar un grave precedente para que otros detenidos sean absueltos, por lo que adelantó que pediría a la FGR indagar a funcionarios encargados de la pesquisa y a jueces.

"La Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en todas esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones", apuntó la FGR en su comunicado.