Bachelet pone en juego su capital político para que Chile sea un país desarrollado y viva en paz

Actualizado a las 23/12/2014 - 15:12

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Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 22 dic (Xinhua) -- A poco más de nueve meses en La Moneda, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet termina el año enfrentando la desaceleración de la economía de Chile y dificultades para implementar su programa de reformas estructurales.

Bachelet triunfó con un 62% de los votos con la promesa de hacer cambios estructurales que acabasen con la desigualdad y la exclusión social en un país donde la salud, la educación y las pensiones están en manos privadas y la mayoría de los chilenos aspira a tener una mayor protección estatal.

Por primera vez desde el retorno de la democracia, en 1990, asumía un gobierno con la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar proyectos legislativos sin necesidad de los votos de la oposición.

El Banco Central de Chile pronosticó un crecimiento de 1,7% para la economía chilena en 2014 y de entre 2,5 y 3,5% para el 2015, con una inflación que cerrará el año por debajo de 5%, para ubicarse a mediados del próximo en torno a la meta de 3%.

Por lo tanto, la esperada recuperación de la economía será mucho más acotada el próximo año.

El gobierno aprobó una "agenda público-privada" con importantes inversiones estatales en infraestructura por 28.000 millones de dólares, con el fin de animar la actividad económica, y ha llamado a los empresarios a hacer progresar el país. Sólo en el sector energético, se han programado proyectos por 650 millones de dólares.

Las reformas también incluyen la transformación del modelo de salud pública, las pensiones (que están en manos privadas), los bancos, la matriz energética, el sistema electoral, la financiación de los partidos, el matrimonio, el aborto y la ley antiterrorista.

Además, el gobierno decidió buscar recursos frescos en los mercados internacionales de deuda, mediante la emisión de dos bonos soberanos por un monto de 2.044 millones de dólares, con el fin de compensar la disminución en la recaudación fiscal y poner en marcha medidas contracíclicas.

También presentó una nueva reforma laboral con la finalidad de crear mejores condiciones laborales y fortalecer los derechos de todos los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la empresarial Sociedad de Fomento Fabril, Hermann Von Mühlenbrock, afirmó que la reforma laboral "provocará peores efectos que la Reforma Tributaria".

En los próximos dos años, se construirán 30.000 nuevas viviendas sociales, con una inversión de 800 millones de dólares, buscando una mayor integración social, al ubicarlas cerca de centros educacionales, de salud y adonde llegue el transporte público.

Aunque la oposición sostiene que la caída de la economía es causada por la incertidumbre que generaron las reformas del gobierno, lo cierto es que las cifras del 2012 ya mostraban la tendencia a la baja, lo cual también se manifiesta en otros países latinoamericanos.

El parlamento ya aprobó la Reforma Tributaria, que incrementará el Producto Interno Bruto (PIB) en 3 por ciento, equivalente a 8.200 millones de dólares extra, para financiar la Reforma Educativa, pero ésta no ha podido concretarse por el rechazo de la oposición y también por parte de sectores de la oficialista Nueva Mayoría.

En las últimas semanas, los partidos derechistas han cuestionado si la mandataria ha tenido liderazgo, primero en la conducción de las reformas estructurales de su programa, y segundo, en la capacidad de coordinar las acciones de sus ministros para transmitir mensajes claros a la ciudadanía.

Por eso, numerosas personalidades opositoras han pedido un cambio de ministros.

Los positivos anuncios del gobierno sobre la reducción del precio de la gasolina, el gas y petróleo no lograron contener el descontento ciudadano por las graves fallas que hubo en el tren subterráneo (Metro de Santiago) y por el confuso y complicado manejo legislativo que ha tenido la Reforma Educacional.

Según las encuestas, el apoyo a la jefa de Estado cayó por quinto mes consecutivo para ubicarse en 42% a principios de diciembre, mientras que el rechazo se elevó a 52%.

En contraste con la convicción que muestra el gobierno para seguir impulsando las reformas, que incluye una nueva Constitución y una nueva política hacia los pueblos originarios, el respaldo ciudadano a su gestión enfrenta el momento más delicado en lo que va de su actual mandato.

Según la encuestadora Adimark, el apoyo a la mandataria sigue deteriorándose, lo cual comenzó a vislumbrarse desde el sondeo de junio, cuando un 54% aprobaba su gestión.

Pero a la oposición derechista le va aún peor y los sondeos muestran que sólo tiene un apoyo del 16% y que la mayoría de los chilenos considera que está bloqueando unas reformas que considera indispensables, a pesar de que estén mal implementadas.

Bachelet enfrenta un doble problema. Por un lado, sabe que los cambios propuestos necesitan de una mayoría social suficiente para instaurarse, más allá de los votos legislativos con que cuenta la Nueva Mayoría.

Además, debe enfrentar la resistencia de los sectores afectados en sus intereses por las reformas, especialmente el empresariado, los dueños de universidades y escuelas y los partidos de derecha, defensores del modelo neoliberal que se pretende modificar para reducir la desigualdad social.

En esta coyuntura, el gobierno enfrenta el dilema de transar con los sectores concernidos o seguir cumpliendo los postulados progresistas de su programa. La mandataria se ha mantenido firme y ha reiterado que las reformas se hacen para bien de Chile y evitar futuros estallidos sociales.

La mayoría de los chilenos apoya la realización de los cambios, pero el gobierno no ha logrado explicarlos de manera convincente, y la oposición, con el apoyo de los medios de prensa, ha sembrado dudas, en especial sobre la Reforma a la Educación.

Sin embargo, la presidenta ha puesto en juego su capital político, convencida de que las reformas son indispensable para que Chile sea en el futuro un país desarrollado y viva en paz social.