El gobierno brasileño le restó hoy importancia a las manifestaciones realizadas el domingo en todo el país para pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, al señalar que éstas tuvieron una participación menor a las de abril y agosto pasado.
Las manifestaciones reunieron a unas 83.000 personas en todo el país según la policía, cifra que los organizadores aumentan hasta 400.000 personas, en ambos casos muy por debajo de los 2,5 millones de personas que salieron a las calles este mismo año por el mismo motivo.
Este lunes la mandataria analizó el resultado de las protestas en una reunión con varios de sus ministros, quienes coincidieron que la baja participación "alivia un poco la presión" que sufre el gobierno, según versiones difundidas por la prensa local.
Las protestas estuvieron organizadas por organizaciones sociales, aunque contaron con el respaldo de los partidos de la oposición que impulsan un juicio político contra Rousseff.
Rousseff se enfrenta a la apertura de un juicio político con vistas a destitución, a petición de la oposición, no obstante el proceso que se inició el martes pasado fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Supremo.
La oposición acusa a Rousseff por las maniobras fiscales "irregulares" que el gobierno realizó en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, situación que niega el gobierno, al sostener que se tratan de "errores administrativos comunes" en la administración pública brasileña.