Los préstamos sin intereses a legisladores de Chile

Actualizado a las 09/01/2016 - 13:44

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En momentos en que el parlamento enfrenta aún el descrédito por los casos de corrupción en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2013, se conoce que un grupo de parlamentarios obtuvo préstamos monetarios de la Cámara de Diputados.

Esto se conoció esta semana, tras revelarse una auditoría interna, confirmando que los congresistas recibían esos préstamos en efectivo sin intereses, cuya cifra total ascendía a 104 millones de pesos (unos 145.000 dólares).

Una consultora privada fue contratada para hacer la investigación, la cual reveló que esos polémicos créditos se entregaron hasta en 28 cuotas, sin ningún tipo de interés, lo cual es extraño en un país dominado por una fuerte economía de mercado.

Según su informe, los servicios ejecutados en el período 2014 y registrados en el período 2015, llegaron a unos 801.000 dólares. Si esa cifra la otorga un banco o otra institución financiera a un grupo de ciudadanos, éstos debían pagar un alto interés, no así los congresistas.

Ese monto representaría un desmedro de los fondos de la Cámara de Diputados, en la medida en que el extenso plazo de devolución y la ausencia de reajuste hace que el monto devuelto sería, en términos reales, menor que el que se solicitó.

En la investigación, se detectó que un diputado, cuyo salario mensual es de 6 millones 500 pesos (unos 9.300 dólares) había pedido dos créditos, a pagar en 28 cuotas sin interés alguno.

Entre los casos mencionados, hay 5 parlamentarios que recibieron préstamos pertenecen tanto a la coalición oficialista Nueva Mayoría y a la alianza derechista Vamos Chile.

El documento precisa que el registro contable de las transacciones era erróneo y poco transparente, debido que al otorgar un préstamo se registraba como un gasto, y no como una cuenta por cobrar a un tercero, lo que dificultaba su efectivo control administrativo.

Con ello se ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control del Poder Legislativo, revelando la falta de autorregulación y privilegios que gozan los miembros del Congreso.

De ese modo, ser parlamentario en Chile, además de ser un honor al representar un partido o ser independiente, es un medio para enriquecerse.

"Esto no tiene que ver con casos aislados, sino que se trata de una conducta permanente y sostenida en el tiempo", sostuvo el diputado independiente por Punta Arenas, Gabriel Boric.

A su juicio, "es una muestra de los privilegios que existen y de lo injustos que son. Creo que acá las defensas corporativas no tienen cabida, porque contribuyen a aumentar el desprestigio e incluso a estas alturas a hacer el ridículo".

Los diputados involucrados en estos préstamos irregulares son Jenny Álvarez, del partido Socialista; Cristián Campos, del partido Por la Democracia; Marisol Turres, de la Unión Demócrata Independiente; Diego Paulsen, de Renovación Nacional, y los democratacristiano Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada.

Esos créditos habrían sido otorgados mediante el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece la autonomía de las cámaras para decidir la distribución de sus fondos.

El asunto de fondo es que el parlamento no debe asumir las tareas de un banco o una Caja de Compensación para prestar dinero estatal.

Además, la Cámara de Diputados carece de mecanismos de autocontrol o de fiscalización externa, y es un órgano estatal que dicta las propias normas que le van a regir, sin ningún tipo de fiscalización.

Asimismo, los propios congresistas tienen el privilegio de aprobar las reglas a las que deberán someterse durante su mandato en la Cámara de Diputados, de 4 años, y el Senado, de 6, y escoger a los funcionarios que las aplicarán.

También, su labor parlamentaria es autónoma, sin estar regida por un contrato de trabajo que supone un vínculo de subordinación y dependencia, ni tampoco al estatuto que rige a los funcionarios estatales.

Por eso, la falta de autorregulación podría transformar a la Cámara de Diputados y al Senado en un medio para justificar la corrupción.

Esa práctica se estaría aplicando desde el retorno a la democracia en 1990 y, al menos en la Cámara de Diputados, se habría extendido hasta marzo de este año cuando fue revocada a través de un acuerdo reglamentario.

El escándalo por los créditos también llegó al Senado, al conocerse que los senadores Alejandro Navarro y Jaime Orpis recibieron millonarios préstamos, pero en ese órgano no se han propuesto medidas para evitarla, afecta la imagen de los políticos.