Beijing,16/05/2016 (El Pueblo en Línea) - El tribunal del arbitraje de La Haya pronto dará a conocer los resultados finales de su arbitraje sobre el asunto del Mar Meridional de China.
China ha repetido en reiteradas ocasiones que no acepta ese arbitraje, solicitado unilateralmente por Filipinas. Esa postura, que ha sorprendido a algunos miembros de la comunidad internacional, es muy razonable.
El asunto del Mar Meridional de China se reduce a la demarcación territorial y marítima, que está por encima del alcance de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, el procedimiento de solución de diferencias que se describe en la Convención no se puede aplicar a este caso.
El arbitraje obligatorio no es legal y la Corte Internacional de Arbitraje no tiene jurisdicción sobre el asunto.
Como países firmantes de UNCLOS, China y Filipinas deben cumplir con el sistema de reglas que establece la convención.
De acuerdo con UNCLOS, los países firmantes tienen derecho a rechazar el arbitraje de los litigios relacionados con delimitaciones marítimas, las bahías históricas, la propiedad, las actividades militares y de la policía. No se permite a los países solicitar un arbitraje sobre estas disputas ni la Corte Internacional de Arbitraje tiene jurisdicción sobre ellos.
Los objetivos de Filipinas para este arbitraje incluyen "la definición de la situación jurídica de las islas y arrecifes, así como los intereses marítimos."
Estos objetivos constituyen inequívocamente un tema sobre delimitación marítima. Por lo tanto, como miembro de la Convención, China tiene el derecho de rechazar el arbitraje.
China hizo una declaración de excepción opcional en temas relacionados con la delimitación marítima en 2006, en virtud del artículo 298 de la Convención, por lo que Filipinas no está en condiciones de solicitar el arbitraje sobre esa cuestión. Al hacerlo, viola la normativa de UNCLOS.
Los artículos 280 y 281 de UNCLOS dan derecho a los países firmantes a elegir de forma independiente un camino para resolver los conflictos. De acuerdo con la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Sur de China, firmados por China y Filipinas en el 2002, las disputas sobre el territorio deberán dirigirse a través de negociaciones amistosas, de manera pacífica y por parte de las naciones directamente afectadas. Además, la resolución de conflictos a través del arbitraje internacional se había descartado por ambos países.
Otro punto importante es que la neutralidad no es una prioridad para el tribunal internacional de arbitraje. De hecho, cuatro de los cinco árbitros son europeos. El grupo en su conjunto no representan las diversas perspectivas globales ni tampoco ofrecen representatividad de los diferentes sistemas legales. Cuatro de ellos fueron nombrados por Shunji Yanai, ex presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Mientras tanto, el tribunal no sólo rechazó la práctica histórica de China en el Mar del Sur de China, sino que también descuida deliberadamente los intereses legales de China. De hecho, el tribunal no es más que un equipo temporal establecido a petición de Filipinas. Está claro que la neutralidad en este caso no es una prioridad para emitir el veredicto.
El arbitraje no puede ser unilateral. Ese procedimiento es una violación a las leyes internacionales y un abuso de poder, que solo logrará intensificar los conflictos en la región.
Por eso, China tiene todo el derecho de rechazar semejante arbitraje.