La Fiscalía brasileña aseguró hoy que las acusaciones que pesan sobre la presidenta Dilma Rousseff por irregularidades fiscales y que le pueden costar el cargo en un juicio político, no sean delitos punibles en los tribunales convencionales.
En un comunicado, el fiscal Ivan Cláudio Marx pidió que las acusaciones contra Rousseff sean archivadas, por lo que ahora la Justicia decidirá si hace caso o si remite el caso a la Procuraduría General de la República para que continúen las investigaciones.
Rousseff fue apartada de la Presidencia de Brasil el pasado 12 de mayo por decisión del Senado, acusada de una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años y se enfrenta ahora a un juicio político que podría destituirla.
Marx afirmó que tales maniobras no suponen un delito pero criticó que se hicieron con "el objetivo de mejorar artificialmente las cuentas públicas en período electoral", lo que constituye un "abuso de poder" e "improbabilidad administrativa".
Rousseff será juzgada próximamente por el Senado y será destituida si así lo respalda una mayoría calificada de 54 senadores (dos tercios). De producirse, Michel Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.