Aprobación de presupuesto para 2017 intensifica desacuerdo en Venezuela

Actualizado a las 15/10/2016 - 15:24

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CARACAS, 14 oct (Xinhua) -- El Presupuesto Anual de la Nación para 2017, aprobado hoy por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha generado opiniones encontradas sobre su carácter de legalidad, ya que, por primera vez en la historia, no fue remitido a la Asamblea Nacional (AN, Congreso).

Según afirmó Maduro durante un acto celebrado en el Panteón Nacional, en Caracas, el órgano legislativo no se encuentra en las condiciones para evaluar y aprobar o rechazar el proyecto presupuestario, porque es un Poder Público que está "al margen" de la Constitución.

Por el contrario, defendió que se adhiere "constitucionalmente" a la directriz del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, mediante una sentencia publicada el pasado 11 de octubre, le admitió presentar el instrumento económico ante su Sala Constitucional.

"Nadie puede ir en contra de esta sentencia, es de obligatorio cumplimiento y acatamiento. Es por eso que voy a proceder a firmar (el presupuesto) para que se publique en la Gaceta Oficial", dijo Maduro al rubricar también la Ley de Endeudamiento para cumplir los compromisos internacionales.

En tanto, la oposición, que cuenta con una mayoría en el Congreso, sostiene que la disposición del Ejecutivo carece de "validez y legalidad" y que, ante la falta de la evaluación pertinente por parte de una comisión técnica de la AN, resultará muy "dañino" para el país.

Sin embargo, a juicio del abogado constitucionalista Jesús Silva, el Parlamento no puede cumplir con sus funciones, en vista de la "infracción jurídica" en la que incurrió al desacatar la sentencia del Poder Judicial, que le obliga a desincorporar a tres legisladores acusados de presunto "fraude" en su elección.

En una entrevista con Xinhua, Silva aseguró que la medida "respecto al presupuesto soberano de 2017, tiene que ver con un acto de total constitucionalidad y legalidad", debido a que la Asamblea Nacional "en este momento se encuentra autodisuelta, es decir, al margen de la Carta Magna".

En ese sentido, argumentó que la Sala Constitucional del TSJ declaró una "omisión legislativa" de acuerdo con el artículo 336, numeral 7 de la Constitución, la cual busca "subsanar el vacío que genera la situación de 'autodisolución' del Parlamento".

"Hoy Venezuela no tiene un Parlamento. De modo que las actividades fundamentales de éste, en el caso la aprobación del presupuesto, tiene que ser resuelta en el entendido de que se debe proteger el interés nacional del presupuesto, antes que permitir una situación de paralización económica", dijo.

De acuerdo con esa perspectiva, el dignatario Maduro decidió aprobar 8 billones 479.301 millones de bolívares (847.930,1 millones de dólares, según la tasa oficial de cambio más baja) para consumar los objetivos económico, político y social del año entrante.

Asimismo, sancionó la Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2017, a través de la cual busca "cumplir con las obligaciones de nuestra patria en el mundo y con nuestro pueblo", ya que "Venezuela es un país que cumple con sus compromisos de manera responsable".

En contraste a la opinión de Silva y Maduro, Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, consideró que se trata de un presupuesto "que está al margen de la Constitución", lo que, a su juicio, "genera duda, sobre todo en lo que tiene que ver con la ejecución de los gastos y el endeudamiento".

"Es un presupuesto al margen de la Constitución, principalmente porque el Ejecutivo no quiere tener ningún mecanismo de control, seguir actuando sin ningún tipo de control político", declaró a Xinhua el experto en temas económicos.

En tanto, el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, José Guerra, expresó que con la aprobación, el Ejecutivo incurre en "ilegalidades" relacionadas con "la ejecución de un gasto, la percepción de un impuesto o contribución fiscal y endeudamiento".

Ante ese panorama, enfatizó que harán un "llamado a los organismos públicos (...) para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto, y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público".

A juicio de Oliveros, la "aprobación sin (la debida) contraloría" por parte del Congreso fomenta "opacidad en la ejecución presupuestaria (...) Pareciera que vamos a seguir en la práctica presupuestaria de los últimos años, donde el gobierno gasta sin ningún tipo de control".

Sostuvo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro "gasta sin ningún tipo de control, maneja los ingresos sin ningún tipo de restricción, tiene una estructura deficitaria y, obviamente, eso termina llevando a que la política fiscal en Venezuela no tenga eficacia".

"La Constitución es bastante clara al decir que la AN tiene un rol de control sobre presupuesto. Yo lo que siento acá es que hay una excusa por parte del Ejecutivo para, de alguna manera, eludir ese control y seguir actuando sin ningún tipo de restricción en la forma como ejecuta el gasto", agregó.

Pero esa opinión no es respaldada por el abogado Silva, quien reiteró que el Poder Legislativo "no puede emitir actos válidos, llámese producción de leyes, aprobación de presupuestos, contraloría sobre el gasto económico de la nación, por la sencilla razón de que ha desacatado sentencias del TSJ".

La Asamblea Nacional, que exige al Ejecutivo el presupuesto a fin de evaluarlo, está "inhabilitada" por desacatar el dictamen que le obliga a desincorporar a los diputados del sureño estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, acusados de haber cometido fraude en su elección el 6 de diciembre.

En opinión del presidente Maduro, "la derecha venezolana, en su ambición desmedida, echó por la borda el capital de la victoria popular del 6 de diciembre", por lo que ahora se adhiere a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para actuar "dentro" de la ley.