CARACAS, 16 nov (Xinhua) -- La Asamblea Nacional (AN, Congreso) de Venezuela aprobó el miércoles una declaración de "responsabilidad política" en contra del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y actual representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez.
El Parlamento acusó a Ramírez, también excanciller (2014) y exministro de Petróleo y Minería (2002-2014), por su presunto vínculo con un desfalco valorado en 11.000 millones de dólares estadounidenses, que habrían sido extraídos de la estatal petrolera.
La denuncia fue efectuada por el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Guevara, quien presentó al menos 10 cajas contentivas de unos 1.500 documentos con presuntas pruebas de lo que, a su juicio, sería el caso de corrupción más grande de la historia venezolana.
"Es una investigación parlamentaria que cuenta con más de 1.500 documentos probatorios que estaban engavetados en la Comisión de Contraloría, y más de mil documentos que pudimos conseguir a través de informantes, investigaciones, tribunales internacionales y de periodistas venezolanos", expuso el diputado opositor.
Los presuntos hechos irregulares que motivaron el desfalco multimillonario se habrían producido entre los años 2004 y 2014, cuando Ramírez fungía como presidente de PDVSA.
El Parlamento que cuenta con mayoría de curules favorables a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigió al presidente del país, Nicolás Maduro, la destitución de Ramírez como representante permanente de Venezuela ante la ONU.
Asimismo, acordó la entrega de informes a instancias del Ministerio Público para el inicio de una investigación "que determine las responsabilidades civiles, penales y criminalísticas de los involucrados".
Además de Ramírez, el Congreso unicameral adjudicó "responsabilidad política" a Javier Ochoa, otro exfuncionario asociado a la estatal petrolera.