La bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD) en el Senado de Bolivia presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de la Coca, en especial contra los tres artículos referidos a las zonas de producción.
El senador opositor, Oscar Ortiz, dijo hoy a periodistas en conferencia de prensa en La Paz que el recurso se presentó la semana pasada en la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Constitucional.
"El recurso es de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dejar sin efecto los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca que validan la ampliación de cultivos en zonas no tradicionales", explicó el senador.
La oposición en Bolivia cuestiona la legalidad de la ampliación de plantaciones legales en la Ley General de la Coca, bajo el denominativo de "zonas de registro y catastro" en provincias "no tradicionales" de los departamentos de La Paz (oeste) y el Cochabamba (centro).
Según el senador Ortiz, la normativa en vigencia desde el 8 de marzo de 2017 "agrede" la Constitución y convenios internacionales en los articulados referidos a la zonificación de las áreas autorizadas y no autorizadas y la Convención Unica sobre estupefacientes de 1961 que ratificó el Estado boliviano para su uso tradicional.
A través del recurso, la oposición pide al Tribunal Constitucional que "ordene la inmediata suspensión de la ejecución de los artículos observados", además de declararlos inconstitucionales.
La nueva Ley de la Coca aumenta de 12.000 a 22.000 hectáreas el cultivo legal de coca, 14.300 en La Paz y 7.700 en Cochabamba.
El reglamento de la norma fijará la distribución dentro de cada departamento.
Para los legisladores de la opositora UD, la ampliación de las zonas de cocales es injustificada, ya que "no están destinadas a satisfacer los propósitos lícitos", según el documento entregado al Tribunal Constitucional.