Gobierno y empresarios buscan combatir contrabando de prendas usadas en Bolivia

Actualizado a las 14/04/2017 - 08:46

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El gobierno de Bolivia acordó hoy con micro y pequeños empresarios dos proyectos de ley, uno para combatir la comercialización ilegal de prendas usadas procedentes de otros países y otro para contar con un registro único de empresas.

El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, señaló que ambos proyectos de ley se enviarán a la brevedad a la Asamblea Legislativa, con el fin de favorecer a este sector productivo, afectado por el comercio de artículos usados de Estados Unidos y Europa.

Una de las iniciativas busca modificar la ley de autonomías al asignar esta competencia a los 339 municipios del país sudamericano, es decir, contempla que la tarea de acabar con la venta de ropa usada corresponda a los gobiernos municipales.

"Los pequeños y micro empresarios han evidenciado que la comercialización de esas prendas usadas afecta en gran medida a su sector", manifestó García.

Dijo que a nivel interno, ya nadie vigilaba estas prendas ilegales, "nadie las controlaba, nadie las sancionaba", pero a partir de ahora, "las alcaldías tendrán esa misión", para impedir, controlar y sancionar esta venta fuera de la ley.

La propuesta de ley concertada entre gobierno y empresarios establece la "obligatoriedad" para que las alcaldías implementen mecanismos de control en la comercialización de mercancías usadas.

Linera reconoció que si bien existe una norma que ya establece el control del ingreso de mercadería usada, hay un vacío en el control de la comercialización en el mercado interno, por lo que se decidió asignar esa competencia a las alcaldías.

Sostuvo que para el control del contrabando también se pretende trabajar con drones, pues aunque se custodien las zonas fronterizas, la actividad ilegal encuentra modos para ingresar al territorio boliviano.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de ropa usada tiene tres impactos sobre la actividad económica en general y la industrial textil en particular.

El primero se relaciona con la industria de la confección, con menores niveles de producción de prendas de vestir para el mercado interno.

El segundo impacto tiene que ver con los ajustes que hacen los empresarios en su estructura de costos para atenuar el efecto en la baja a la producción, como reducir la mano de obra que interviene de manera directa en el proceso de fabricación.

El tercero es la caída en los niveles de consumo de confecciones nacionales con el consecuente impacto fiscal, al disminuir de manera progresiva la recaudación por concepto de renta interna.

En cuanto al otro proyecto de ley acordado con empresarios, está referido a su regulación y pretende contar con un registro de todos esos emprendimientos.

En la actualidad, se desconoce el número de estas micro empresas, lo que muchas veces impide que se trabaje de manera óptima en la generación de políticas públicas.

García Linera aseveró que es probable que unas 300.000 de estas instancias estén sin registro, por lo que se pretende contar con un mecanismo único que permita varios beneficios como créditos.

La propuesta, sin embargo, va más allá, pues pretende generar espacios para expandir el mercado de la micro empresa, apoyar con innovación tecnológica e impulsar el consumo de la producción nacional, entre otros puntos.

La actividad de este sector productivo representa una de las que tiene mayor participación en el país sudamericano, además de generar gran cantidad de empleo.