Ex presidente brasileño Lula declarará por primera vez ante juez de "Lava Jato"

Actualizado a las 10/05/2017 - 07:34

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El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declarará mañana miércoles como imputado ante el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba, en la primera causa en la operación "Lava Jato" (Lavadero) y cuyo resultado será decisivo para la política nacional.

Da Silva es acusado por la justicia de recibir 3,7 millones de reales (unos 1,15 millones de dólares) en sobornos de la constructora OAS, que le entregó un departamento tríplex en Guarujá, litoral de Sao Paulo, y cubrió los gastos de almacenamiento de bienes de su archivo presidencial de 2011 a 2016.

El valor total resulta de 2,4 millones de reales (unos 750.000 dólares) por la propiedad del inmueble y las remodelaciones, y 1,3 millones de reales (unos 365.000 dólares) por el almacenamiento, pagado por la constructora.

Según Moro, existen "indicios razonables" de que OAS entregó el inmueble en 2009 al ex presidente y a su esposa "sin la contraprestación correspondiente", aunque la constructora se mantuvo como formal propietario y ocultó la titularidad real.

El ex mandatario es imputado por los delitos de corrupción y lavado de dinero, bajo la forma de "ventajas indebidas" recibidas de forma directa e indirecta.

El juez Moro abrió la acción penal contra el ex mandatario el 19 de septiembre de 2016 y la audiencia de mañana miércoles será la primera vez que Lula da Silva y el responsable de la "Lava Jato" se encuentren frente a frente.

La defensa del ex presidente solicitó el lunes la suspensión del proceso, al alegar que no hubo tiempo para analizar las 5.000 páginas de documentos que integran la causa, recibidos por los abogados el pasado 28 de abril.

Los analistas consideran que el recurso busca sentar un precedente para mostrar en instancias superiores que no fue garantizado plenamente el derecho de defensa.

El juez Moro, además, negó una solicitud de los abogados para grabar de forma independiente el interrogatorio completo, con el argumento de que el pedido sugería que el ex presidente intentaba utilizar la audiencia con fines político-partidarios.

La causa contra Lula da Silva es acompañada con gran atención por la opinión pública, porque su resultado será decisivo para el proceso político brasileño en los próximos meses.

En caso de ser condenado y que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior, Lula da Silva quedará automáticamente inhabilitado para postularse a las elecciones presidenciales de 2018.

De acuerdo con las encuestas, el ex presidente lidera con holgura los sondeos de intención de voto en todos los escenarios posibles.

Dada la importancia política de la audiencia de mañana miércoles, se anunciaron manifestaciones a favor y en contra en Curitiba y existe el temor de posibles enfrentamientos entre ambos grupos.

Por un lado, el juez Moro pidió que no hubiera movilización a favor de la "Lava Jato" y, por el otro, la jueza del estado de Paraná, Diele Denardin Zydek, prohibió que organizaciones sociales acamparan en Curitiba desde la noche del lunes y hasta la noche del miércoles.

Se tiene previsto que contingentes de simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, de la Central Unica de Trabajadores (CUT), del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de otras organizaciones acudan a la capital paranaense para la realización de un acto político al fin de la jornada.

Además de la causa por el departamento tríplex de Guarujá, en diciembre de 2016, el juez Moro abrió un segundo proceso contra Lula da Silva en la operación "Lava Jato" al acusar al ex mandatario de recibir 13 millones de reales (unos cuatro millones de dólares) en sobornos de la constructora Odebrecht.

De acuerdo con el proceso, que se encuentra en su etapa inicial, los fondos fueron utilizados para la compra de un terreno donde sería construida la sede del Instituto Lula y la compra de un departamento en la localidad de Sao Bernardo do Campo.

Otra investigación, que apunta a determinar si Lula da Silva dirige la organización criminal que organizó el multimillonario desvío de recursos públicos, está bajo jurisdicción directa del Supremo Tribunal Federal (STF).

La operación "Lava Jato" ventiló un amplio esquema de sobornos y desvío de fondos de la petrolera estatal Petrobras, que irrigó campañas de todos los grandes partidos políticos brasileños de 2004 a 2014.

Entre los beneficiarios estuvieron el PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), el Partido Progresista (PP) y otras fuerzas políticas.

Directivos de Petrobras cobraban entre 1 y 3 por ciento de sobornos en contratos sobrefacturados por las grandes empresas constructoras brasileñas.