CARACAS, 29 jun (Xinhua) -- Diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de Venezuela pidieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una calificación de "falta grave" para el defensor del pueblo, Tarek William Saab, con el fin de avanzar en su remoción.
A las afueras del máximo tribunal, el legislador Juan Miguel Matheus afirmó que, en nombre de un grupo de diputados, fue consignado un documento ante la Sala Plena del TSJ a fin de que "califique la falta grave del defensor del pueblo (William Saab) para que la AN pueda proceder a removerlo".
El diputado de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó que la petición se sustenta en el artículo 25 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, que establece que la remoción del "ombudsman" "se decidirá por dos terceras partes de los miembros" del Congreso.
La decisión del TSJ se tomará "mediante debate" parlamentario y "previo pronunciamiento" del Tribunal Supremo, abundó el legislador opositor.
Matheus, quien estuvo acompañado del diputado José Guerra, aseveró que Saab "no ha adelantando ninguna gestión verdadera" en cuanto a la "reparación de los derechos fundamentales" en el contexto de las manifestaciones que se desarrollan a favor y en contra del gobierno venezolano desde el pasado 1 de abril.
"Si la Sala Plena, en el activismo judicial que tiene en su parcialidad hacia el régimen, omite constitucionalmente su deber de calificar las faltas graves, la Asamblea Nacional podrá resolver lo que estime a bien por los intereses del pueblo de Venezuela", enfatizó.
El diputado venezolano defendió que la facultad del Congreso para aprobar remociones está contemplada en el artículo 279 de la Constitución de Venezuela.
El pasado 27 de junio, el TSJ emitió una sentencia en la cual indicó que la Defensoría del Pueblo puede participar en investigaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos que puedan existir en Venezuela.
Según el fallo, la dependencia puede "promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: la realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras" .
El Tribunal Supremo agregó que el defensor "ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos" .
"En el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas", apuntó la sentencia del TSJ.