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Ley constituyente no resolverá inflación en Venezuela, advierte economista

Por Victoria Argüello

CARACAS, 23 jul (Xinhua) -- Una de las primeras acciones que ha prometido el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es crear una ley para regular los precios de los bienes y servicios básicos, hoy sometidos a una feroz inflación.

El mandatario ha asegurado que lo primero que pedirá a los 545 constituyentes, quienes redactarán un nuevo texto normativo para el país, será "aplicar mano de hierro" para combatir lo que considera una "especulación económica", aunque cifras oficiales sitúan en tres dígitos el índice inflacionario.

La viabilidad de esta medida es analizada por economistas, empresarios y comerciantes, quienes advierten sobre la vigencia de instrumentos jurídicos para regularizar la economía y el comercio, los cuales no han culminado siempre en óptimos resultados.

Dentro de éstos, mencionan la Ley de Precios Justos, reformada en el año 2015, que establece márgenes de ganancia no superiores al 30 por ciento de la estructura de costos así como cinco años de cárcel para quienes revendan con sobreprecio productos de la canasta alimentaria, por citar sólo dos medidas.

Conforme con la existencia de esta normativa, el economista Andrés Villadiego sostiene que "no hay ningún indicativo que conlleve a pensar que un decreto constituyente establezca las condiciones para la estabilidad de los precios".

A juicio del ex investigador del Banco Central de Venezuela (BCV), no hay leyes que puedan contrarrestar las condiciones generales de la economía, además de desestimar que un acuerdo con el sector empresarial apunte a estabilizar los precios.

Venezuela experimentó una inflación de tres dígitos en el año 1996, luego de un acuerdo entre el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y los empresarios, por lo que para Villadiego demuestra una "ausencia de éxito en materia de control de la inflación".

"Lo que garantiza el control de la inflación es una serie de medidas macroeconómicas integrales, coherentes, es un proceso que puede tardar un año o más en lograr la estabilidad económica del país", dijo en entrevista con Xinhua.

El investigador plantea cinco mecanismos fundamentales orientados a estabilizar los precios, los cuales constan de reactivar el aparato productivo, unificar la tasa de cambio, generar una política fiscal ordenada, buscar alternativas de financiamiento del gasto público y promover exportaciones no tradicionales.

La política cambiaria hoy se rige por dos tasas, a saber un sistema preferencial de asignación de divisas a 10 bolívares por dólar, y otro complementario que hoy cotiza cada dólar en 2.760 bolívares; mientras que el "dólar paralelo", que determina la mayoría de los precios de los rubros estratégicos, marca hoy 8.790 bolívares.

Villadiego sostiene que esta dualidad "alimenta" el mercado paralelo de divisas, es decir, generando "un mecanismo muy perverso para alimentar el mercado paralelo y hacer especulación con la divisa, y eso impulsa la inflación".

Además sugiere que con la prevalencia de una tasa a 10 bolívares por dólar, se está en presencia de una "sobrevaluación cambiaria" que se resume, a su juicio, a venderles dólares extremadamente módicos a un sector del empresariado que después va a especular con esas divisas.

"La tasa de dólar a 10 bolívares, representa el 91 por ciento de las divisas que se están asignando hoy en día, eso produce una fuga de capitales que la ciudadanía con inflación y con escasez", añadió.

En relación a la situación del fisco nacional, asegura que con frecuencia ante la presencia de déficits fiscales, la política del Estado venezolano ha sido "monetizar" a fin de cumplir con los gastos del gobierno.

"Se emite dinero del Banco Central para que el gobierno pueda cubrir los compromisos de pago que tienen, esa emisión monetaria que los economistas llaman monetización del déficit es uno de los causantes de la inflación", agregó.

Asimismo, considera el investigador que deben buscarse otros mecanismos de financiamiento de la llamada inversión social (gasto público), mediante una reforma tributaria, que determine que quienes tengan mayor posibilidad de contribuir al fisco nacional lo hagan.

"Eso pudiera pasar por una modificación de las alícuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) o por la reactivación de impuestos sobre los activos empresariales así como establecer alícuotas diferenciales al Impuesto al Valor Agregado (IVA)", indicó.

Todas estas medidas, han de estar acompañadas por una gran acción entendida por el gobierno de Maduro, en relación a la diversificación económica, y con ella, la promoción de exportaciones no tradicionales o alternativas al crudo venezolano, sostiene el economista.