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Venezolanos se oponen a eventuales sanciones de Trump porque violan soberanía

Por Victoria Argüello

CARACAS, 26 jul (Xinhua) -- Aunque sus opiniones sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se encuentren polarizadas, la mayoría de venezolanos se opone a eventuales sanciones contra el país por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerarlas un acto de violación a la soberanía.

El pasado 17 de julio, el presidente estadounidense amenazó con aplicar "robustas sanciones" si se avanzaba en la convocatoria a una Constituyente, a fin de modificar el orden jurídico en la nación sudamericana, y cuyo resultado que deberá ser consultado vía referendo, podrá someter al resto de los poderes públicos.

Para las personas consultadas por Xinhua, aunque estas medidas aún son impredecibles, pueden ir desde sanciones a funcionarios, hasta acciones que afecten a toda la población como la suspensión de compras de crudo, lo que agudizaría la crisis económica.

El estudiante de ingeniería química de la Universidad de Carabobo (norte), Gustavo Gómez, de 28 años, consideró que las sanciones pudieran ir dirigidas directamente hacia la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), principal industria de la nación, así como países occidentales lo hicieron con Siria.

Dijo que las acciones unilaterales pueden constar de "dejar de comprar crudo venezolano por parte de las transnacionales que refinan en Estados Unidos, congelar cuentas bancarias de empresas estatales en bancos norteamericanos y el embargo de cuentas por cobrar por parte de la estatal petrolera".

Representantes de la población sostienen que este eventual escenario agudizaría la crisis en Venezuela, pero también abriría paso a un nuevo panorama comercial, que el gobierno ya había previsto con el ex presidente Hugo Chávez Frías (1998-2013).

El Ejecutivo debe prepararse en ese sentido para exportar crudo hacia otros países y evaluar todos los aspectos logísticos y de tiempo, pues esto derivaría en un profundo cambio en el relacionamiento económico-comercial con Estados Unidos.

En opinión de la abogada Jacqueline González, de 55 años, ésta sería la sanción más fuerte que podría aplicar la administración Trump, aunque también duda que el país del norte se atreva a dar ese paso, pues su alto nivel de consumo energético lo lleva a depender no solamente del crudo venezolano sino también del de Arabia Saudita.

A su vez, el educador Ulises Rivero, de 29 años de edad, consideró que aunque Estados Unidos ha logrado parcialmente reducir su dependencia energética de otros países a través del método "fracking" (fractura hidráulica), no implica que no necesiten otras fuentes de crudo.

A su juicio, eso explica el alto nivel de involucramiento del país del norte en conflictos como los de Medio Oriente, lo que "tiene que ver con su alta demanda de recursos puntuales".

Rivero consideró que también podrían agudizarse las acciones legales a nivel internacional o las financieras en contra de Venezuela, como es el caso de las puntuaciones negativas de las calificadoras de riesgo, orientadas "principalmente a afectar a PDVSA".

La población considera que las tensiones entre Caracas y Washington han alcanzado un punto previo a su "etapa cumbre", en el cual no sólo deben pensarse las tradicionales sanciones a funcionarios e individuos, y su incorporación en listas de "violaciones a los derechos humanos".

Entre las acciones unilaterales más recientes, está la Orden Ejecutiva emitida en 2015 por el ex presidente estadounidense, Barack Obama, que estuvo acompañada de sanciones a funcionarios, en su mayoría integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Dentro del texto en el que se condenaron presuntas "violaciones a los derechos humanos" figuró el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López.

En la lista estuvo también el actual jefe de gobierno del Distrito Capital y ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres; además de la recién designada vicefiscal general de la República, Katherine Harrington.

"Si no son sanciones individuales, no estoy de acuerdo con que se apliquen. No estoy de acuerdo con la intervención ni la invasión, creo que esa no es la medida", declaró la fisioterapeuta, Marián Figueroa.

Si las anunciadas medidas de la administración estadounidense se dirigen a transacciones comerciales, incluso más allá del crudo que Estados Unidos le compra a Venezuela, también agravarían la situación económica del país.

Consultados por Xinhua aseveraron que eventuales sanciones en este ámbito contribuirían a la elevación de los precios de las mercancías o a la escasez, ya que gran parte de las materias primas que se utilizan para la producción local vienen de Estados Unidos.

Venezuela enfrenta en la actualidad una inflación de tres dígitos, confirmada oficialmente, y un porcentaje mayor según economistas, aunado a una inestabilidad en la producción de rubros estratégicos, así como en el control de los precios de los bienes y servicios básicos de consumo y uso.

Agudizar las tensiones con Estados Unidos, el principal socio comercial del país, agravaría en todo caso la crisis, que para resolverla demandaría un tiempo extra de parte del gobierno, hoy también atiborrado de asuntos internos por atender.