RIO DE JANEIRO, 26 jul (Xinhua) -- La Justicia de Brasil anuló hoy la decisión de un tribunal de suspender de forma cautelar el aumento de impuestos sobre los combustibles decretado la semana pasada por el gobierno, con el fin de recaudar dinero para cumplir con la meta fiscal para este año.
El juez Hilton Queiroz, presidente del Tribunal Regional Federal de la Primera Región del Distrito Federal, anuló la suspensión cautelar decretada el pasado martes por el magistrado Renato Borelli.
Borelli justificó la suspensión de la medida en que la Constitución de Brasil impone un plazo de 90 días para que una medida de esa naturaleza entre en vigor, lo que en este caso ocurrió de forma inmediata.
Según el dictamen del juez, el gobierno no podría aumentar los impuestos sobre los combustibles por decreto, sino que debía hacerlo a través del proceso legislativo.
"El instrumento legislativo adecuado a la creación y aumento de un tributo es, sin excepción, la ley, no prestándose a tales objetivos otras especies legislativas", señaló Borelli.
Tras la decisión, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentó un recurso en el Tribunal Regional Federal para anular el dictamen de Borelli, argumentando que sin el aumento tributario, el gobierno perdería 78 millones de reales diarios (unos 25 millones de dólares), lo que perjudicaría el equilibrio de las cuentas públicas.
El gobierno anunció el pasado jueves un aumento a los impuestos sobre los combustibles con el objetivo de recaudar 10.400 millones de reales (3.270 millones de dólares) para cumplir la meta de déficit primario de este año, de 139.000 millones de reales (43.710 millones de dólares).
La medida elevó el precio de combustible en las refinerías, con un aumento estimado de 0,41 reales (0,22 dólares) por litro en las bombas, sobre un precio medio de 3,20 reales (1 dólar) por litro de gasolina.
De acuerdo al ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el aumento es indispensable para cubrir la brecha fiscal, y no descartó nuevas elevaciones en los impuestos.
Tras el anuncio del gobierno, numerosas entidades empresariales criticaron la medida, afirmando que atrasará la recuperación económica luego de dos años de recesión.
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