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"Dreamer" mexicano deportado dice que fin de DACA es un "error muy grande" de Trump

MEXICO, 6 sep (Xinhua) -- Ricardo González siguió el martes en su casa en el Valle de México las noticias sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al programa que protege de la deportación a casi 800.000 jóvenes llegados a ese país cuando eran niños, la gran mayoría de ellos mexicanos.

González, de 29 años, era uno de esos jóvenes llamados "dreamers", pero el 4 de abril pasado fue arrestado cuando intentó renovar el permiso que por dos años lo había amparado para trabajar sin temor en la cocina de restaurantes de Salt Lake City.

Dos semanas después lo subieron a un avión para deportarlo a la Ciudad de México, de donde había partido 15 años atrás con su madre y sus tres hermanos menores para alcanzar a su padre en el sueño americano. Tocó a la puerta de la casa de sus tíos en la municipalidad conurbada de Ecatepec sin más pertenencias que su cartera y teléfono celular.

"Es un error muy grande el que está haciendo ese presidente de cancelar DACA. Conozco amigos allá que son doctores, ingenieros, algunos que se metieron al Ejército, ¿qué van a hacer con ellos?", dice a Xinhua.

El expresidente estadounidense Barack Obama promulgó, mediante una orden ejecutiva, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en junio de 2012 para frenar la deportación y autorizar empleo temporal a miles de migrantes que, como González y sus hermanos, fueron llevados por sus padres a Estados Unidos en la infancia.

La medida protege a unos 790.000 migrantes que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años, cuentan con estudios, no tienen condenas por delito grave ni representan una amenaza para la seguridad.

Cerca de 625.000 beneficiarios del programa, que otorga protección por periodos de dos años renovables, son mexicanos de nacimiento que crecieron en Estados Unidos y ahora contribuyen a su economía y cultura, acentuó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México tras anunciarse la cancelación.

González creció en un pueblo de Idaho a donde su padre, empleado en la construcción, había llegado un año antes que el resto de la familia. Se graduó de la escuela preparatoria y cursó un año un programa de artes culinarias en la universidad.

A la par de sus estudios pintó casas para apoyar a su hogar y después se empleó como cocinero. Hace tres años optó por mudarse a Salt Lake City para preparar comida americana en restaurantes de mejor calidad por un salario de 17 dólares por hora.

Según cuenta, su historial estaba limpio salvo por el hecho de que en 2011 regresó de manera voluntaria a México y cuatro meses después entró a Estados Unidos de manera ilegal.

La administración Obama desestimó ese incidente e incluso lo alentó a inscribirse en el programa hace dos años por su historial escolar y laboral, pero bajo el gobierno de Trump se endureció el criterio de calificación y lo arrestaron en la oficina a la que había acudido esperanzado en renovar su permiso.

En cuanto escuchó su destino, recuerda, sintió coraje y ganas de salir corriendo del edificio, de donde fue llevado a un centro de detención en Nuevo México a la espera de su repatriación.

"Dejé a mis papás, mis hermanos, mis cosas, todo lo que hice allá. Son muchos sentimientos, tengo tantas cosas en la mente que no sé ni cómo expresarme porque en mi país me siento como extranjero", expresa.

González es uno de los pocos "dreamers" mexicanos que han sido repatriados por el gobierno del republicano desde que comenzara en enero pasado. El subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, expuso el martes en una conferencia que son "dos o tres casos" los beneficiarios retornados hasta ahora.

El funcionario mexicano enfatizó que han acompañado jurídicamente esos casos con abogados, aunque según González él "nunca" recibió apoyo alguno en su arresto ni después de su deportación.

Cuando anunció la cancelación, el Ejecutivo estadounidense explicó que el programa sería desmantelado gradualmente en un plazo de seis meses y llamó al Congreso a debatir una legislación que lo reemplace.

El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, alegó en la conferencia que el DACA negó el empleo a "cientos de miles de estadounidenses" al permitir a los migrantes obtener esos trabajos.

La decisión continúa afectando a González a pesar de que fue expulsado hace más de cuatro meses. Dos de sus tres hermanos, Luis Enrique, de 27 años, y Jazmín, de 21, son todavía beneficiarios del programa.

Por eso, explica, estuvo pegado a los informativos y en comunicación con Luis Enrique, quien es trabajador de la construcción y acaba de contraer matrimonio. Su hermana, que llegó a Estados Unidos cuando tenía seis años, labora en un restaurante como mesera y cocinera.

"Está preocupado, me llamó diciéndome que no sabe qué va a pasar con él, apenas lo renovó hace un mes. Después de los seis meses que dicen no sabemos qué va a pasar con él ni con mi hermana", comenta.

Sada explicó, basándose en información del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, que los "dreamers" mantendrán la protección hasta que concluya su respectivo permiso.

Una vez expirado entrarán en la misma categoría de los 11 millones de migrantes sin documentos que viven ocultándose, aunque con la diferencia de que sus datos están en manos del gobierno.

González teme que en cualquier momento las autoridades usen algún pretexto para detener y retirar el permiso a sus hermanos, como reprocha que hicieron con él.

Como muestra, explica que su tercer hermano, Jorge, fue deportado hace un mes por no pagar una infracción de tránsito. No era beneficiario del DACA, pero tuvo una conducta limpia desde que llegó a Estados Unidos a los siete años de edad.

Ahora, a sus 23 años, el hermano también encara la tarea de rehacer su vida en la gigante zona metropolitana del Valle de México. González explica que él sólo ha conseguido trabajo en un restaurante del exclusivo barrio de Polanco al que renunció hace poco para estar Jorge.

La adaptación a la ciudad, dice, ha sido difícil porque el ambiente es distinto y los salarios son más bajos, por lo que augura un futuro complicado para los "dreamers" que eventualmente sean deportados a pesar de que el gobierno mexicano les ofrece bolsas de trabajo y créditos.

"Ellos han estudiado, se han graduado, han peleado para conseguir un trabajo y se los pueden quitar nada más porque simplemente, como dicen, son ilegales. Uno no tiene la culpa, a nosotros nos llevaron", concluye.