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China estrecha escrutinio sobre poder ejecutivo para reforzar legalidad en gobierno

BEIJING, 22 nov (Xinhua) -- El Consejo de Estado, el gabinete chino, tendrá que dar cuenta ante la Asamblea Popular Nacional (APN, el máximo legislativo chino), de la gestión de los activos estatales, una medida para reforzar la supervisión del poder ejecutivo.

El Grupo Rector para la Profundización de la Reforma Integral del XIX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) aprobó un proyecto de reforma que obliga al Consejo de Estado a informar de la administración de tales activos al Comité Permanente de la APN.

Esta reforma supondrá dar mayor transparencia a la gestión de activos estatales y es un ejemplo de la mejora de la supervisión a cargo del legislativo.

Otra medida asumida por el grupo rector fue, en agosto de 2015, la de solicitar al Consejo de Estado que informase al Comité Permanente de la APN sobre cómo corrige los problemas descubiertos por las auditorías.

El mecanismo, que permite a la APN y su comité permanente escuchar y examinar con regularidad la labor del gobierno central, resultó efectivo para cumplir con el poder constitucional de supervisión del legislativo sobre el gobierno.

El listado de tareas sobre las que debe informar el Consejo de Estado crece con el paso de los años a medida que el país trata de fomentar la gobernanza basada en el imperio de la ley.

La práctica más conocida es el Informe Anual sobre la Labor del Gobierno presentado por el primer ministro a la APN en su sesión anual, que los legisladores debaten y examinan durante la misma. Un informe presupuestario y un plan nacional de desarrollo económico y social también son sometidos a debate antes de su aprobación. El legislativo también revisa los informes de las cuentas definitivas, principalmente en la segunda mitad del año.

Desde 1996, año en que la Ley de Auditoría entró en vigor, los legisladores comenzaron a revisar los informes anuales de la Oficina Nacional de Auditoría sobre el cumplimiento del presupuesto central.

Además, el legislativo chino también aborda los informes del gobierno central sobre temas específicos, la mayoría sobre asuntos importantes y urgentes de interés para la ciudadanía. Estos temas son distintos cada año, desde la protección ambiental hasta la lucha contra la pobreza.

Durante la última sesión bimestral del Comité Permanente de la APN, celebrada entre finales de octubre y principios de este mes, el ministro de Agricultura, Han Changfu, informó a los legisladores sobre los progresos y problemas en la protección de los prados.

Otra herramienta eficiente a la que el Comité Permanente de la APN recurre para examinar la labor del gobierno es investigar la aplicación de las leyes.

En la misma sesión bimestral, el Comité Permanente de la APN elaboró un informe sobre la aplicación de la Ley de Control de Residuos Sólidos tras meses de investigación por todo el país. A partir del informe y dirigida por su presidente, Zhang Dejiang, el Comité Permanente organizó una consulta entre los funcionarios del Consejo de Estado, quienes entregaron luego un documento sobre cómo mejorar su trabajo y remediar los problemas.

En los últimos cinco años, este tipo de interacción entre el legislativo y el gobierno se ha convertido en una práctica regular para tratar un número de asuntos urgentes como la contaminación de aire y agua, la formación profesional y la calidad de los productos.

El informe clave del XIX Congreso Nacional del PCCh considera el sistema de las asambleas populares como un sistema político fundamental para el liderazgo del Partido, el gobierno del país por parte del pueblo y la gobernanza basada en el imperio de la ley.

En el documento, las autoridades chinas prometieron mejorar los sistemas de organización y de trabajo de las asambleas populares para apoyar y garantizar sus poderes estatutarios para promulgar las leyes, ejercer la supervisión, tomar decisiones y nombrar y destituir funcionarios.

Una relación sana entre la legislatura y el gobierno será fundamental para los esfuerzos chinos en pos de la gobernanza basada en el imperio de la ley y la modernización de su sistema y capacidad de gobernanza