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Unos 12.000 funcionarios son procesados por corrupción en Perú

LIMA, 6 dic (Xinhua) -- La justicia peruana ha procesado, desde 2012, a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción, y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, informó hoy el contralor general de Perú, Nelson Shack Yalta.

Los restantes 10.500 funcionarios públicos son investigados, aunque aún no se han admitido denuncias judiciales contra ellos, precisó el funcionario peruano.

Las declaraciones de Shack se dieron el marco de la primera sesión de la VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional (CAAI 2017) que se lleva a cabo en Lima, Perú, y que cuenta con la participación de 40 delegaciones de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Africa.

"Es por eso que a partir de esta experiencia lo vamos a transformar, ésta es otra iniciativa legal que hemos enviado al Parlamento, en el cual reestructuramos por completo el procedimiento administrativo sancionador", expresó Shack.

Según el contralor peruano, su institución lleva a cabo una reforma para combatir la corrupción mejorando "la efectividad entre el Sistema Judicial y el sistema de control administrativo de la Contraloría, que en los últimos años se han debilitado por diversas razones".

"En el periodo 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó.

En cuanto a los funcionarios condenados que gozan de penas suspendidas, Shack anotó que "las cifras también son alarmantes, ya que totalizan 667, provocando entre la población una sensación de impunidad, porque el proceso interno de la Contraloría y del Poder Judicial no coordinan".

El contralor anunció que su despacho trabaja en una reforma que permitirá mejorar los controles, previniendo la corrupción, para lo cual demandó la colaboración de los otros poderes del Estado y del Ministerio Público para hacer frente a la corrupción.

"Estamos pidiendo, por ley, el acceso gratuito, masivo, irrestricto, en línea, no discrecional a todas y cada uno de los bases de datos administrativos de la República, salvo aquellas que tengan reservas legales", anotó.

Las investigaciones de la justicia peruana contra la corrupción han llevado a prisión preventiva el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), y han ocasionado que se gire una orden de captura contra el también ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), por sus vínculos con el consorcio brasileño Odebrecht.