Por Javier Ureta
SANTIAGO, 16 dic (Xinhua) -- Los candidatos presidenciales de Chile, Sebastián Piñera (derecha), y Alejandro Guillier (centroizquierda), llegan a la segunda vuelta que se efectuará mañana domingo enfrentados por fuertes diferencias en sus propuestas electorales.
Pese a que las distancias son relativamente cortas en algunos ámbitos, en muchos temas las posturas de Guillier y Piñera son diametralmente opuestas.
Una de los asuntos donde existen mayores diferencias es el tributario: Piñera prioriza el crecimiento económico y propone rebajar la carga impositiva de las empresas para fomentar la inversión, ligeramente ralentizada durante el gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
El candidato de la coalición derechista Chile Vamos también propone reducir y simplificar la carga administrativa de la reforma tributaria, además de otorgar mayor seguridad jurídica a empresas y personas.
Guillier, por su parte, pretende insistir en la reforma tributaria de Bachelet, la cual se aplicará de forma absoluta en el primer año del próximo gobierno.
La reforma tributaria era uno de los ejes del programa del segundo mandato de la mandataria chilena y se propone, mediante el aumento de impuestos a las empresas y rebajas a los tributos de las personas, recaudar unos 8.200 millones de dólares adicionales para financiar la reforma educativa.
El ámbito de la educación también es espinoso, ya que a pesar de que los dos candidatos abogan por la gratuidad (en un principio Piñera estaba frontalmente en contra y luego cambió), existen diferencias.
Alejandro Guillier promete continuar con los cambios de la reforma de Bachelet, al crear un "marco de actuación para los sostenedores traspasados a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro para que las funciones que deben desarrollar sean claras, sobre todo en lo relativo a la calidad de los procesos educativos".
También propone cambiar el sistema de financiamiento que se otorga a los estudiantes, a un financiamiento "basal que incorpore los requerimientos de las escuelas" para promover el "aumento de la matrícula en vez del cierre de escuelas públicas".
Piñera, por su parte, es un férreo opositor de estas medidas porque cree que han desestabilizado el sistema.
Aboga por volver al copago, tal como se lee en el programa: "devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad".
La Constitución chilena, promulgada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y aún vigente, es otro de los caballos de batalla.
Guillier propone un texto actualizado, mientras que Piñera rechaza de plano esta medida y quiere mantener la carta fundamental de derechos.
El paquete de medidas sociales que ha impulsado la presidenta Bachelet en los últimos meses también está entredicho en estas elecciones, especialmente la ley que despenaliza el aborto en caso de violación, malformación del feto o riesgo de muerte para la madre.
Piñera no ha hablado en ningún momento de derogarlo, pero sí se ha mostrado durante toda su carrera política como un firme defensor del "derecho a la vida", mientras que el candidato de la centroizquierda pretende profundizar en esta medida.
También les separa el sistema de pensiones, que en Chile es privado (Asociación de Fondo de Pensiones, AFP) y forma parte del anhelo de cambio de una parte importante de la sociedad.
Los dos abogan por mantener el formato, pero las condiciones de cada aspirante son diferentes.
Ambos indican que el empleador debe pagar un porcentaje de la cantidad que los trabajadores pagan a estas a AFP, sin embargo es aquí donde existen diferencias.
Mientras Piñera propone que este sea de un 4 por ciento que irá directamente a la cuenta de ahorro de cada trabajador, Guillier aboga por una cotización por cargo al empleador o empleadora de un 5 por ciento; el 2 por ciento financiará cuentas personales de ahorro y el otro 3 por ciento financiará un fondo de ahorro colectivo para subir las pensiones.
Los dos candidatos contenderán mañana domingo en las urnas para decidir el destino del país, cuyos habitantes son conscientes de las diferencias programáticas entre los dos aspirantes.