QUITO, 12 jun (Xinhua) -- El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, defendió hoy martes su pedido a la justicia local de vincular al ex presidente Rafael Correa en una investigación sobre el supuesto intento de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012.
En rueda de prensa, el funcionario alegó que la solicitud formulada el lunes a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es "absolutamente constitucional y legal".
Apuntó que "en las últimas semanas se obtuvieron suficientes elementos para solicitar la vinculación del ex presidente de la República".
"Declaraciones de ex funcionarios señalan de dónde provinieron las órdenes para el cometimiento del presunto delito de secuestro en el caso Balda", señaló el fiscal.
Agregó que la Fiscalía solicitó de forma directa a la CNJ la vinculación de Correa, debido a que el ex mandatario ya no se encuentra amparado en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 10 de la Constitución.
Dicho artículo establece como atribución de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente.
Pérez, quien asumió el cargo de fiscal el pasado 2 de mayo, sostuvo que al inicio de su gestión ofreció al país "que en esta administración no iba a existir ni persecución política ni impunidad para nadie".
Aclaró que en el caso Balda "actuaremos con firmeza en las investigaciones cumpliendo lo que establece la Constitución: ejercer la investigación y, de hallar méritos, acusar a los responsables de un hecho criminal para dar una respuesta al país".
Añadió que respeta la decisión de la CNJ, que el lunes tras recibir su pedido, pidió a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal del ex presidente ecuatoriano.
Correa, que el pasado 24 de mayo ya rechazó cualquier vinculación en el caso en una declaración judicial que rindió mediante videoconferencia desde Bélgica, donde reside, reaccionó hoy en contra de la decisión de la Fiscalía, que juzgó como "inconstitucional".
"Pedido del fiscal de mi vinculación en el caso Balda no tiene ninguna fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal. Es decir, primero me "vincula" y luego buscará el por qué", escribió Correa en su cuenta de Twitter.
Correa atribuye el tema a una persecución política, mientras sus seguidores, que están en proceso de crear un nuevo movimiento político, convocaron hoy a una concentración para el próximo jueves en las afueras de la Asamblea Nacional en Quito.
El objetivo es "exigir que se niegue el enjuiciamiento penal" al ex mandatario, indicó en Twitter el ex canciller en el gobierno de Correa, Ricardo Patiño.
Ese día está previsto que el pleno de la Asamblea, de mayoría oficialista, resuelva el pedido de la Corte.
El presunto intento de secuestro de Balda, ex legislador por el opositor Partido Sociedad Patriótica y activista político, se produjo en Bogotá, Colombia, donde se refugió por considerarse perseguido político de Correa, quien gobernó el país de 2007 a 2017.
Balda alega que cuando estuvo en la capital colombiana cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el intento de secuestro.
El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 a solicitud de Ecuador, ya que estaba condenado a dos años de cárcel por supuestas injurias contra el gobierno de Correa.
Además, existía una orden de prisión preventiva contra Balda por atentar contra la seguridad interna del Estado.