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Fiscalía ecuatoriana vincula a cinco en caso de peculado en adjudicación de bloque petrolero

QUITO, 10 jun (Xinhua) -- La Fiscalía General de Ecuador vinculó hoy a cinco personas al proceso penal que se sigue por el delito de peculado en la adjudicación en 2012 del bloque petrolero Singue, ubicado en la Amazonia.

Entre los procesados están el ex subsecretario de Hidrocarburos Gustavo Donoso y dos empresarios de firmas petroleras que participaron en el proceso, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Agregó que por pedido de la dependencia el juez nacional, Iván Saquicela, dictó medidas cautelares de carácter personal y real contra los cinco procesados como la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la retención de bienes.

La Fiscalía añadió que en la audiencia celebrada este lunes, la fiscal general Diana Salazar presentó alrededor de 60 elementos de convicción en contra de los procesados, los cuales hacen presumir su participación en el delito que se investiga.

El proceso se fundamenta en un informe de la Contraloría General del Estado que determinó supuestos indicios de responsabilidad penal en la contratación y ejecución de la exploración y explotación de hidrocarburos en dicho bloque.

La contratación del campo Singue, que estaba cerrado desde 1997 por baja producción, se dio en mayo de 2012 entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por dos compañías petroleras.

Según la Fiscalía, las cinco personas vinculadas al proceso "inobservando la normativa legal habrían aprobado la adjudicación del contrato" que causó un perjuicio económico al Estado por 28,4 millones de dólares.

Los cinco vinculados a este caso se suman a otros 10 a los que se les formuló cargos, el pasado 13 de marzo.

Entre ellos se encuentran el ex vicepresidente del país, Jorge Glas, y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, ambos con orden de prisión.

Cuando se produjeron los hechos, Glas era ministro coordinador de Sectores Estratégicos y presidió el Comité de Licitación Hidrocarburífera (Colh).

El ex vicepresidente, quien está preso desde el 2 de octubre de 2017 por presunta asociación ilícita relacionada con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ha rechazado los señalamientos de la Contraloría y los ha atribuido a una persecución política.

El Código Penal vigente a la fecha en que se cometió el hecho contempla una pena de 8 a 12 años de privación de libertad, indicó la Fiscalía.