Preocupa a gobierno boliviano presión para legalizar autos indocumentados

Actualizado a las 29/08/2014 - 08:45

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El gobierno boliviano expresó hoy su preocupación por la demanda de algunos sectores que exigen la nacionalización de vehículos indocumentados que ingresaron de contrabando a Bolivia.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo a los periodistas en La Paz que la política de su gobierno es no legalizar los autos denominados "chutos", pero manifestó que el gabinete económico debe ser el que analice los planteamientos que realiza este sector.

"Nosotros tenemos que hacer cumplir esa política, pero también nos preocupa la situación social, porque entendemos que hay algunos que con mucho sacrificio han traído su vehículo y lo utilizan en las áreas rurales (...) es un uso en una localidad, pero es ilegal su internación", declaró.

De esta manera respondió a la propuesta de los propietarios de vehículos indocumentados de la región rural San José de Chiquitos (este), que dieron un ultimátum para que se apruebe una nueva nacionalización, y los pobladores de Caranavi, en el departamento de La Paz (oeste), piden 5.000 dólares para entregar sus motorizados.

Datos de la ANB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dan cuenta de que en Bolivia existen más de 33.000 autos ilegales, entre placas clonadas, tributos impagos, pólizas de siniestrados, chutos y no registrados.

La ANB informó que el 90 por ciento de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile, por lo que se realizan operativos de control de placas clonadas, producto del cual se decomisaron entre enero y junio 800 motorizados.

Desde el 23 de julio al 19 de agosto se han confiscado más de 150 vehículos en operativos con allanamientos.

La presión contra el gobierno por la nacionalización de autos indocumentados (chutos) aumentó en las últimas horas con amenazas y exigencias de este sector.

El Comité de Defensa de Vehículos Indocumentados de San José de Chiquitos emitió el miércoles un ultimátum dando a las autoridades un plazo de diez días para la legalización.

Mientras, en Caranavi, los propietarios de estos motorizados exigieron la renuncia de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y pidieron 5.000 dólares por entregar sus motorizados.

Carmelo Gómez, presidente del Comité de Defensa de Vehículos Indocumentados de la provincia San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz, anunció que si no reciben respuesta del gobierno en 10 días se declarará paro cívico en la región.

"De seguir persistiendo esto habrá un bloque general en toda la Chiquitania para hacer escuchar nuestra voz", agregó.

De acuerdo con el comité, se estima que al menos 15.000 vehículos chutos transitan por San José de Chiquitos, que el miércoles fue sede de una reunión de dueños de este tipo de motorizados.