LA PAZ, 30 mar (Xinhua) -- El gobierno de Bolivia y la empresa china Sinosteel suscribieron hoy un contrato para que la compañía asiática se encargue del diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la planta siderúrgica integrada para la producción de laminados no planos livianos del Mutún.
El acto se desarrolló en la región de Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz (este) y contó con la presencia del presidente del país, Evo Morales, el ministro de Minería, César Navarro, funcionarios de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan.
En su discurso, Morales resaltó que la firma Sinosteel no es la dueña de la planta del Mutún, sino socia de Bolivia.
Según explicó el mandatario, la empresa china tiene dos años y medio para implementar la planta procesadora de laminados y se quedará un año más en el país para supervisar las operaciones de la misma y capacitar al personal boliviano, pero después se marchará y la planta será administrada por bolivianos.
Morales reveló que el Estado está invirtiendo 422 millones de dólares, de ellos un 85 por ciento de crédito de China y el restante 15 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), para explotar y producir hierro.
A su vez, el ministro Navarro destacó la puesta en marcha del proyecto, porque es uno de los anhelos de desarrollo de Puerto Suárez, población cruceña fronteriza con Brasil.
Asimismo precisó que la planta, cuando esté instalada en Mutún, tendrá una capacidad de procesar 650.000 toneladas de mineral bruto y producirá 250.000 toneladas de hierro esponja, de las cuales 86.000 toneladas serán exportadadas.
El proyecto incluye la construcción de un complejo siderúrgico, la infraestructura adicional y la capacitación profesional de personal boliviano.
En el acto también estuvo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, quien prometió el apoyo del sector al desarrollo nacional.
A mediados de 2007, la siderúrgica india Jindal Steel & Power se adjudicó el contrato para desarrollar el proyecto en un 50 por ciento del yacimiento. Cinco años después, la compañía india abandonó el proyecto en medio de un pleito jurídico con el gobierno de Morales, que la acusó de incumplimiento de contrato.
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