Este 21 de mayo, como es una tradición en Chile, la presidenta Michelle Bachelet rendirá la tercera Cuenta Pública de su gobierno ante el Pleno del Congreso Nacional en Valparaíso.
Se trata de un momento de reflexión de la Jefa de Estado, trasmitido a todo el país por la radio y la televisión, donde expone la actual situación que afronta los diferentes sectores.
En esta ocasión, es previsible que la mandataria aborde, como temas centrales, el estado de la economía, la cual se ha desacelerado en los últimos dos años, al igual que ha pasado en la mayoría de las naciones latinoamericanas, y exhorte al sector empresarial a invertir más para incentivarla.
El gobierno estima que el país crecerá en torno al 2% este año.
Igualmente, solicitará a los partidos políticos a contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía, tras los escándalos por el financiamiento de campañas políticas con dinero aportado por las empresas privadas, que siempre han gozado de impunidad.
Bachelet hará una evaluación del comportamiento de las reformas estructurales que ha implementado su gobierno: reforma tributaria, reforma educativa y el proceso en marcha para una nueva constitución, las cuales buscan reducir la desigualdad en Chile y son criticadas ácidamente por la oposición de derecha.
Otros temas serán la reforma laboral que busca establecer por ley la sindicalización de los trabajadores, rechazada por los empresarios y partidos de derecha, y que el gobierno sigue impulsando, así como la anunciada de educación superior, que ingresará al parlamento el próximo mes.
La mandataria informará que su gobierno ha cumplido con los anuncios del 2015, como la creación de la subsecretaría de Educación Parvularia; la labor para crear un Ministerio de Pueblos Indígenas; el inicio de la gratuidad en las universidades: y el envió al Congreso de la Ley de Aborto, pendiente aún.
También referirá el inicio del proceso de consulta a la ciudadanía para elaborar una nueva constitución, cuyo trámite ha generado fuertes debates y la oposición de los sectores conservadores, que defienden la actual Carta Magna, promulgada por el régimen militar en 1980 y que ha sido reformada en la última década.
En este último año, el gobierno no sólo ha debido enfrentar las críticas de la oposición de derecha, sino también de parlamentarios de la coalición oficialista Nueva Mayoría, integrada por los partidos Democratacristiano, Socialista, Radical, Por la Democracia, Comunista, Movimiento Amplio Social e Izquierda Cristiana.
Esa agrupación tan diversa políticamente ha generado situaciones críticas en el seno del gobierno, pero lo cierto es que se han aprobado reformas de gran calado, que comienzan a beneficiar a las familias chilenas más pobres del país y colocan a Chile en camino de avanzar en la igualdad social, donde ocupa un lugar bajo en el mundo.
Por supuesto, que hay también áreas pendientes, como las bajas pensiones de los trabajadores jubilados y su derecho a contar con una salud adecuada, en circunstancias en que en Chile avanza en una expectativa de vida de más de 80 años.
Un serio problema que enfrenta el gobierno es mejorar las atenciones en los centros de salud y hospitales estatales, donde faltan especialistas en algunas enfermedades, en especial en las zonas extremas, como las frías de Magallanes y las de las poblaciones en las zonas del desierto de Atacama.
Una demanda, que lleva postergándose por mucho tiempo, es la eliminación de la centralización del gobierno en Santiago, la cual se valora como una necesidad administrativa del país para el futuro inmediato, con gobiernos regionales y la elección directa de los intendentes (jefes de gobierno).
La mandataria también abordará los esfuerzos de su gobierno en la seguridad ciudadana, cuando el país enfrenta un serio problema con la delincuencia, en particular las de jóvenes, cuando las cárceles están repletas.
El gobierno logró aprobar la "Agenda Corta Antilincuencia" y ahora se apresta a aplicarla con mayor rigurosidad, lo cual es una de las más urgentes demandas ciudadanas.
La política exterior de Chile será seguramente destacada por Bachelet en su mensaje a la nación.
Chile mantiene una línea progresista, contando con una amplia representación diplomática en el mundo y una activa política en los organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Sudamericanas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El principal diferendo que enfrenta es la demanda marítima de Bolivia, estando en espera de un fallo final de la Corte Internacional de La Haya.
Además, es uno de los países que tiene firmados más acuerdos de libre comercio, cuyo número es de 25, entre ellos, con China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón.
La Cuenta Pública del jefe de Estado ante el Congreso Pleno, donde expone el estado administrativo y político de la Nación, se instauró con la Constitución Política de 1925, que estableció el deber del jefe de Estado de concurrir al Congreso Pleno los 21 de mayo, para informar sobre el curso de la gestión del país.
Durante el régimen militar, la Cuenta Pública se realizó cada 11 de septiembre, aniversario del golpe militar de 1973 contra el presidente Salvador Allende. Una reforma de 2005 estableció que: "El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno".