El fiscal del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, Julio Marcelo Oliveira, autor del parecer que rechazó las cuentas del gobierno de Dilma Rousseff en 2014, reiteró que hubo "crimen de responsabilidad" también en 2015.
Respecto a los retrasos por parte del gobierno de Rousseff en las transferencias a los bancos públicos responsables para el pago de beneficios sociales, Oliveira dijo que constituyeron "préstamos", lo que está reñido con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Oliveira aseguró que el gobierno tuvo la intención de "maquillar las cuentas públicas".
Además, el fiscal dijo que la mandataria no podía haber emitido los decretos de crédito sin autorización parlamentaria.
"Esos hechos de descumplimiento de la legislación con el no pago de las ecualizaciones a los bancos no es hecho sin comando, y quien detiene el comando es la presidente de la República", afirmó.
Oliveira declaró en condición de informante, después de que el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien preside la fase final del proceso de impeachment, decidiera que no podría declarar como testigo de la acusación
Siguiendo un pedido del defensor de Rousseff, José Eduardo Cardozo, Lewandowski consideró que el hecho de que Oliveira participó de un acto público frente al TCU a favor del rechazo a las cuentas de Rousseff lo inhabilitan como testigo.
Cardozo denunció además que Oliveira se habría reunido con los juristas que presentaron la denuncia contra Rousseff en la época que elaboraron el documento, por lo que habría influido en su formulación.
Al pasar a la condición de informante, Oliveira no está obligado a decir la verdad bajo juramento, por lo que su testimonio no vale como prueba.
La etapa final del proceso de impeachment debe extenderse hasta el martes o miércoles de la próxima semana, cuando el pleno del Senado realizará la votación final que decidirá por la destitución definitiva de Rousseff o su retorno al cargo.
Rousseff es acusada de haber practicado el llamado "pedaleo fiscal" (atrasos en los pagos a bancos públicos) y publicado decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso.
La fase final del juicio político contra la mandataria inició este jueves con la declaración de testigos, ocho en total, dos elegidos por la acusación y seis por la defensa.
Además de Oliveira, está convocado como testigo de la acusación el auditor del TCU, Antonio Carlos Costa D'Ávila, quien debe ser cuestionado esta misma tarde por los senadores.