La Fiscalía General de Ecuador inició hoy de oficio una investigación sobre el presunto pago de sobornos realizado por la constructora brasileña Odebrecht en este país para beneficiarse con contratos, luego de informes sobre el tema difundidos en Estados Unidos.
En un comunicado, la Fiscalía informó que esta indagación se basa en la información inicial recabada por su Dirección de Investigaciones.
Además, indicó que se dispuso tres asistencias penales internacionales a Estados Unidos, Suecia y Brasil, con la finalidad de contar con todos los datos posibles sobre este caso.
En un informe divulgado la víspera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el grupo Odebrecht pagó sobornos por 439 millones de dólares en al menos 12 países, entre ellos Ecuador, donde asegura que se pagaron 33,5 millones de 2007 a 2016 para recibir beneficios en contratos equivalentes a unos 116 millones de dólares.
La Fiscalía agregó que su investigación "busca identificar nombres, cuantías y destino de los recursos relacionados con los presuntos pagos de Odebrechet a funcionarios del gobierno ecuatoriano, de acuerdo con lo señalado en el informe del Departamento de Justicia de Estados".
De igual forma solicitó a la Contraloría ecuatoriana toda la información de los contratos adjudicados a la empresa brasileña en Ecuador.
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, dijo que "se actuará con celeridad como lo ha hecho frente a otros casos de posible corrupción".
Según la Fiscalía, con el inicio de la investigación previa del caso toda la información es reservada, según establece el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal del país sudamericano.
El gobierno ecuatoriano también anunció este jueves que solicitará información a su similar de Estados Unidos sobre el tema a fin de sancionar a las personas o funcionarios involucrados en el denunciado caso de sobornos.
"No vamos a proteger ni a encubrir a nadie. Vamos a pedir y respaldar toda la investigación, caiga quien caiga", anunció este jueves el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
El gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, expulsó en 2008 a la multinacional brasileña por negarse a reparar un ducto de la central Hidroeléctrica San Francisco, cuya construcción estuvo a su cargo en la localidad de Baños, en la provincia andina de Tungurahua.
Los problemas técnicos detectados en la central llevaron también al mandatario a cancelar todos los contratos pendientes con la constructora.