BRASILIA, 17 abr (Xinhua) -- El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, aseguró hoy que la reforma de las pensiones propuesta en Brasil es una necesidad financiera y fiscal, y que, si es aprobada, dará previsibilidad a las cuentas públicas por muchos años.
Según Meirelles, el relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Arthur Maia, deberá presentar la propuesta de la reforma este martes.
El pasado domingo, parlamentarios y ministros se reunieron con el presidente de Brasil, Michel Temer, para discutir detalles sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Meirelles también dijo que la reforma de las pensiones es el desafío más importante del equipo económico y que, de realizarse, tendría efecto por "varias décadas".
"Dará un camino de desarrollo para las cuentas públicas en Brasil en las próximas décadas", apuntó el ministro.
Asimismo, dijo que los cambios realizados por el relator están dentro del "margen de maniobra" del gobierno y que los líderes de la base aliada están comprometidos con aprobar el proyecto de ley.
"Quiero decir que todos los líderes están comprometidos con aprobar tan pronto como sea posible", subrayó.
Según el ministro de Hacienda, Brasil "está a punto de hacer la reforma sin mayores dramas", e insistió en que los cambios en las reglas jubilatorias "no son una cuestión de opinión" sino una necesidad del país.
Además, consideró que el debate sobre la reforma está mal enfocado y que se dicen muchas "falacias"; también aseguró que la trayectoria de esa cuenta para las arcas públicas es insostenible.
Destacó el caso de Grecia, que eligió a un partido que no quería una reforma de ese tipo y, al final, los votantes griegos acabaron retirando su dinero del país.
Insistió en que uno de los gastos que más crecieron de 1991 a 2015 fueron los beneficios de la seguridad y el bienestar social, un aumento de 5,6 puntos porcentuales en el período.
Según Meirelles, el déficit de la Seguridad Social alcanzó el año pasado 258.700 millones de reales (83.000 millones de dólares), y recordó que el gasto primario del gobierno central como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) aumentó mucho en las últimas décadas, pasando de 11 por ciento en 1991 a 20 por ciento en 2016.