Los actos de corrupción en Perú representan la pérdida anual de 1 a 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, alertó la jurista peruana Inés Tello.
Se trata de "un porcentaje importantísimo de dinero, cuánto se podría hacer por los más necesitados. Una lucha contra la corrupción es fundamental para poder salir adelante", sostuvo en entrevista con Xinhua.
Tello, quien integró un alto tribunal a cargo de procesos emblemáticos anticorrupción en Perú para sancionar a funcionarios del régimen del ex presidente peruano, Alberto Fujimori (1990-2000), definió la corrupción como el peor de los males que aquejan a una sociedad, al tomar como referencia la definición de las Naciones Unidas.
"Es el aprovechamiento de los recursos del Estado para terceros o particulares y, obviamente, afectando todo el sistema democrático, todo el Estado, porque es mucho lo que se deja de hacer cuando el dinero del Estado es cogido por los corruptos", anotó.
La jurista, recordó que tuvo en sus manos, junto a otros magistrados, procesos contra el ex "hombre fuerte" de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y sus allegados, quienes en conjunto presuntamente se apropiaron de unos 2.000 millones de dólares.
"Tuve la suerte de integrar el sistema que se creó a raíz de los procesos Fujimori-Montesinos" y conocer "cómo funcionan todas estas mafias, todas estas redes de corrupción. Realmente es una realidad institucional, pero es un problema de hombres", subrayó.
Según Tello, para evitar el flagelo de la corrupción, que se ha vuelto endémico en Perú y que involucran a ex gobernantes y altos mandos militares, se debe crear una nueva generación de ciudadanos e inculcar conciencia y el respeto a las leyes mediante la educación.
También consideró que es fundamental el rol del Ministerio Público y el Poder judicial en la lucha contra este delito que en los últimos años ha involucrado a los ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), ahora investigados por recibir supuestas sobornos del consorcio brasileño Odebrecht.
"Si el Ministerio Público no denuncia y si el Poder Judicial no sanciona generamos impunidad y lo peor es la impunidad y esa es la percepción ciudadana, que no se sanciona y por eso se siguen cometiendo los delitos de corrupción", subrayó.
Según la jurista, los corruptos hacen sus cálculos de "costo beneficio" para cometer el acto ilícito y actúan con total impunidad porque ya conocen las debilidades del sistema y saben cómo eludirlo.
"Así se maneja el corrupto. Va viendo de qué forma va eludir la justicia", dijo la ex magistrada al describir una realidad latente en la sociedad de Perú, donde muchos casos de corrupción quedaron impunes.
En cuanto a la lentitud en los procesos judiciales en Perú, sostuvo que estos al final prescriben, lo cual favorece a los acusados porque son liberados y sus casos archivados por superar los límites de tiempo procesal.
"La imprescriptibilidad se impone, precisamente, vinculado a este tema de lentitud. Tenemos un Estado que no responde y no responde porque su sistema no está bien articulado, entonces se juega a la prescripción, se juega a dejar vencer los plazos, no se formulan las denuncias, transcurre el plazo y esa imprescriptibilidad es impunidad", sostuvo.
Tello hizo hincapié en la necesidad de castigar estos delitos, llamados también de "cuello blanco", porque involucran a altos funcionarios públicos del Estado y de gobiernos locales.
"Yo si estoy de acuerdo en que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que se dote de mayor agilidad, más compromiso, capacitación a los jueces y que deben ser parte de una lucha contra la corrupción", reiteró.
La jueza también precisó que tanto el corrupto como el corruptor deben correr con la misma suerte ante la Justicia, ya que la corrupción "es un tema de dos".
"Es un dilema que se está presentando cuando el corruptor es un privado, la Corte Suprema ha comenzado a considerar que a ellos no se les puede juzgar juntos con los corrompidos, pese a que es un solo acto", explicó.
Sobre la operación "Lava Jato" ("Lavadero") que investiga la corrupción en Brasil, Tello consideró que puede ser un buen ejemplo para atender los casos en Perú, donde se han encontrado serios indicios de involucramiento de los ex mandatarios Toledo, Alan García y Humala en sobornos por parte del grupo Odebrecht.
"Brasil es un ejemplo claro de lo que debe tener un magistrado. Ojo, que en Brasil la cosa no es tan pacífica, porque hay presión política, pero, en estos momentos, el tema jurisdiccional está marcando una línea a los partidos y al gobierno", indicó.
Tello resaltó que es la primera vez que se sentencian generales, presidentes y altos ejecutivos empresariales, gente que tuvo mucho poder político, lo cual consideró que es un buen mensaje para la sociedad.
"No solo Perú, hemos visto que (la corrupción) está en Argentina, en Colombia, Brasil y es un problema que nos está afectando como región, pero también hay casos de corrupción en Europa", recordó.
En el caso del ex presidente Toledo, en cuya vivienda encontraron las autoridades peruanas evidencias sobre su presunta participación en actividades de corrupción, la jurista peruana justificó las medidas restrictivas en su contra.
Tello precisó que las dos órdenes de captura internacional emitidas en febrero y abril pasado contra Toledo por juzgados peruanos están bien dictadas, debido a que no concurrió al tribunal, pese a que ahora, después que salió del país hacia Estados Unidos, el ex mandatario denuncia que es un "perseguido político".
Con respecto a los otros ex mandatarios, Alan García y Ollanta Humala, precisó que los indicios y delaciones en Brasil pueden tener repercusiones en los próximos días, con implicaciones importantes.
La jurista peruana lamentó la situación comprometedora en la que se encuentran los ex mandatarios y el impacto negativo que tiene la corrupción en Perú.
"Nos perjudicamos todos. Esto es atraso, es hambre, es falta de salud, falta de educación, de carreteras, hace tanta falta en el país todos estos servicios. Es penoso que no haya ese compromiso de quienes son elegidos como los primeros ciudadanos, mandatarios para sacarnos de esta situación", puntualizó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Perú pierde unos 12.000 millones de soles anuales (unos 3.650 millones de dólares) a causa de la corrupción.