MOSCU, 20 nov (Xinhua) -- Un órgano asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó hoy una iniciativa de ley para declarar a medios de comunicación extranjeros como "agentes extranjeros" por sus múltiples fallos y propuso que sea enmendada.
La Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento de Rusia, aprobó el miércoles la iniciativa de ley que confiere al gobierno el poder de clasificar a medios de comunicación extranjeros como "agentes extranjeros" y lo envió al Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento ruso, para su aprobación.
El Consejo Presidencial de la Sociedad Civil y Derechos Humanos de Rusia criticó la iniciativa de ley por contradecir numerosas leyes federales, incluyendo leyes sobre medios y organizaciones no gubernamentales, y pidió al Consejo de la Federación que la devuelva para su revisión.
El proyecto de ley carece de "certeza legal" al determinar a "agentes extranjeros" e introduce excesivas restricciones, a la vez que el propio proyecto fue aprobado con algunas violaciones al proceso legislativo existente, señaló el consejo.
El proyecto fue propuesto en respuesta a la reciente situación de la prensa rusa en Estados Unidos, donde RT America fue forzada a registrarse como agente extranjero, lo cual fue calificado por Moscú como un obstáculo para las actividades informativas rusas y una acción que viola la libertad de expresión.
El Ministerio de Justicia de Rusia confirmó que envió cartas a algunas organizaciones de medios de comunicación extranjeros patrocinados por el gobierno de Estados Unidos que operan en Rusia, notificándoles del posible reconocimiento de su identidad como agentes extranjeros.
De acuerdo con la legislación rusa, si una iniciativa de ley es rechazada por el Consejo de la Federación, normalmente es enviada de vuelta a la Duma, la cual tiene que decidir si lo retira o forma una comisión de conciliación de las dos cámaras del Parlamento para enmendar el proyecto.
El Consejo Presidencial de la Sociedad Civil y Derechos Humanos ruso es un órgano consultivo que apoya al presidente del país en el ejercicio de sus responsabilidades como garante y protector de los derechos humanos y las libertades, y redacta propuestas en esta área.