LIMA, 4 dic (Xinhua) -- La justicia de Perú ordenó la madrugada de este lunes, la prisión preventiva de cinco altos directivos de empresas peruanas vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht por presuntos actos de corrupción.
La medida cautelar fue dictada por el juez del I Juzgado de Instrucción de Investigación Preparatoria, Richard Concepción, a solicitud del Ministerio Público (MP).
De esta manera, quedaron detenidos en la cárcel judicial, el ex presidente y el ex director del Grupo Graña & Montero (G&M), José Graña y Hernando Graña, respectivamente.
Quedaron también en prisión preventiva, el director general de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), José Castillo; el presidente de JJ Camet Contratistas Generales, Fernando Piccone; y el ex presidente del Area de Infraestructura de G&M, Gonzalo Ferraro.
Ferraro tuvo arresto domiciliario por estar próximo a una intervención quirúrgica.
El juez Concepción precisó en su decisión, que de acuerdo a la solicitud del MP, había la alta probabilidad que los citados empresarios cometieron delitos de colusión simple y lavado de activos, para obtener la licitación de los tramos II y III de la Vía Interoceánica en 2005.
Pagaron presuntamente un soborno de 20 millones de dólares, en supuesto acuerdo con el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente prófugo en Estados Unidos, y el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.
Para el magistrado, existió la intención de un perjuicio contra el patrimonio del Estado, pues el soborno habría sido pagado a costa de la transparencia de la licitación para asumir el proyecto y los costos de obra.
El plazo de detención preventiva considera las etapas de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral.
La audiencia judicial duró cerca de 18 horas, prolongándose hasta la madrugada de este lunes, en que tanto el MP como los abogados de los empresarios presentaron sus respectivos alegatos.
En diciembre de 2016, directivos de Odebrecht declararon ante la justicia de Estados Unidos haber pagado supuestos sobornos por unos 800 millones de dólares en 11 países latinoamericanos y uno de Africa, para hacerse cargo de obras de infraestructura.
De esa cifra (800 millones de dólares), 29 millones fueron destinados al Perú entre el 2005 y el 2014.
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