BEIJING, 7 abr (Xinhua) -- El informe de la investigación Sección 301 de Estados Unidos tiene por objetivo frenar al sector de la manufactura de China, señalaron economistas.
Estados Unidos emitió el mes pasado el informe de investigación Sección 301 y acusó a China de forzar a las compañías estadounidenses a transferir tecnología mediante requisitos para empresas de inversión conjunta y participaciones accionarias, así como de imponer restricciones e intervenciones concretas sobre las compañías de Estados Unidos en China.
"Es infundado decir que China está forzando la transferencia de tecnología", dijo Zhu Baoliang, economista en jefe del Centro Estatal de Información, quien añadió que la transferencia de tecnología es una acción voluntaria de las empresas y que el gobierno chino no tiene reglas restrictivas.
Zhang Yalin, miembro del Comité Asesor Nacional de Estrategia de Manufactura (CANEM), señaló que China ha abierto la mayor parte de su sector de manufactura general y que cuenta con un mecanismo para revisar la competencia de mercado justa.
"Las compañías extranjeras disfrutan de beneficios evidentes de las empresas de inversión conjunta. Pueden acceder al mercado chino y entrar a la cadena de suministro global con costos reducidos y mejor competitividad", explicó Zhang.
El informe estadounidense se dirige al plan Hecho en China 2025, con su lista de aranceles propuestos abarcando los mismos sectores manufactureros que el plan.
Hecho en China 2025 es un plan para modernizar al sector de la manufactura con metas de desarrollo para 10 subsectores que incluyen a la tecnología de la información y a la robótica.
El plan va de acuerdo con la nueva ola de industrialización global.
"Si el plan es utilizado como una razón para la fricción comercial, se trata esencialmente de un intento por privar a China de su derecho al desarrollo. Eso es hegemonía", dijo Huang Qunhui, de la Academia de Ciencias Scoiales de China.
Qu Xianming, también miembro del CANEM, dijo que el plan Hecho en China 2025 está orientado al mercado sin enlaces a la política o inversión del gobierno y que ninguno de sus objetivos y requisitos son vinculatorios.